Tras concluir la ceremonia de juramento a las autoridades electas, el contralor Gabriel Herbas afirmó que los procesos iniciados en contra de los gobernadores Rubén Costas (Santa Cruz), Ernesto Suárez (Beni) y Mario Cossío (Tarija) continuarán.
«La Ley Transitoria de Autonomías recoge la experiencia que se tuvo con la Ley de Municipalidades 2028. No se puede fungir como autoridad cuando uno tiene múltiples procesos en el ámbito del Poder Judicial».
La autoridad recordó que la Contraloría propició iniciativas legales en contra de Costas, Suárez y Cossío por la realización de los referendos autonómicos en Santa Cruz, Beni y Tarija el 2008, ocasionando un daño al Estado que supera los Bs 27 millones.
Cossío y sus colaboradores habrían malversado desde la Prefectura de Tarija Bs 5.645.585 en la consulta por el Estatuto Autonómico en junio del 2008, sin tener el respaldo legal, de acuerdo a la Contraloría. La entidad se ampara en la Ley 2769 del referéndum para rechazar las consultas realizadas en los tres departamentos. La norma en su inciso III dice que «en tanto no exista un gobierno departamental, electo por el voto popular, el referéndum departamental será convocado por el Congreso Nacional por mayoría de los votos de los presentes».
Herbas aseguró que no se trata de una persecución política en contra de los gobernadores opositores y justificó las acciones en su contra argumentando perjuicio económico.
«Esos procesos continuarán, no contra personas en específico, sino contra todo funcionario público, porque la Contraloría tiene una permanencia en el tiempo. Se han utilizado recursos del Estado para algo que no estaba autorizado», enfatizó.
La semana pasada, la Contraloría presentó dos nuevas denuncias contra Costas, la primera por la malversación de fondos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) destinados a la compra de vehículos para la Prefectura cruceña con el argumento de atención de emergencias.
La segunda por falsificación de 57 facturas por 124.000 bolivianos.
Sobre Ernesto Suárez pesan denuncias de presuntas irregularidades en la adquisición de grupos electrógenos y motores de generación eléctrica en San Borja.
Existen 59 casos penales
Un total de 59 políticos y líderes cívicos opositores al gobierno de Evo Morales enfrentan procesos penales por supuestos delitos denunciados desde 2006 por el partido oficialista, el Movimiento Al Socialismo (MAS), según un reportaje publicado por La Razón en febrero.
Los observados aseguraron que la mayoría de las denuncias que pesan en su contra tienen móviles políticos y no tienen legalidad.
