Las personas involucradas en contrabando serán procesadas en un plazo máximo de 90 días, la mitad del término que se aplica para otros delitos. Así lo señala el proyecto de ley que prevé aprobar el Gobierno.
«El proyecto (de ley) está proponiendo que (los acusados de contrabando) sean remitidos a un juzgamiento rápido», aseguró ayer a los medios el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez.
La autoridad precisó que el proceso judicial durará «hasta un máximo de 90 días, que es la mitad del plazo que se tiene en un caso normal porque hablamos de delitos de flagrancia».
El viceministro anunció que además se están abreviando los procedimientos «para que en 10 días, a partir del comiso de la mercadería (de contrabando), ésta sea rematada y que estos señores que se dedican a luego fabricar papeles (de importación) no tengan una sola oportunidad de engañar al Estado».
Chávez aseguró que ante la identificación de un camión con contrabando, el motorizado es confiscado y «pasará automáticamente a poder del Estado; el contrabandista va a la cárcel, los ayudantes van a la cárcel, el chofer va a la cárcel porque todos están cometiendo el delito».
