El gobernador Rubén Costas acusó ayer de narcotráfico al vicepresidente Álvaro García Linera, quien de inmediato le exigió que le inicie un juicio en el que pruebe sus «temerarias» acusaciones. El acercamiento entre el Gobierno central y la Gobernación de Santa Cruz tambalea.
La fricción se originó con una declaración que hizo García Linera el lunes, en la que reiteró que los estatutos aprobados por las regiones de la denominada media luna no son válidos en tanto no sigan los pasos constitucionales para su reconocimiento.
En respuesta, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, emitió ayer un comunicado en el que acusa a García Linera de estar embriagado con el poder y de recibir dineros procedentes del narcotráfico, por lo que, además, le advierte que a futuro deberá rendir cuentas ante la justicia.
La respuesta del Vicepresidente fue inmediata. Durante una conferencia de prensa, anunció que se despojaba de todos sus fueros y exigió a Costas que inicie un juicio en su contra para probar sus acusaciones. De lo contrario, dijo que «será el pueblo el que juzgue» y no descartó iniciar acciones legales contra el líder cruceño.
ACUSACIÓN En el comunicado leído por Costas, éste sugiere al Vicepresidente «que empiece a construir cientos de cárceles con el dinero que le da el narcotráfico, porque las cárceles de todo el país no tendrán cabida para millones de cruceños y bolivianos que se sienten orgullosos de haber sido parte de este verdadero proceso autonómico, que busca verdaderos cambios para el bienestar, el progreso y la verdadera unidad del país».
Agrega que «cuando se le acabe la borrachera de poder, cuando exista una real democracia, a este señor (García Linera) le digo que quien tendrá que responder en el banquillo de los acusados por corrupción, narcotráfico y terrorismo de verdad, es su célebre y funesta persona».
Costas acusa además al Gobierno de haberse dedicado más a limitar el «marco de las autonomías» que a limitar la «autonomía de los narcos» y señala que el Vicepresidente y el fiscal Marcelo Soza (quien atiende el caso terrorismo) son «los arlequines de turno del Gobierno para distraer la atención de los ciudadanos sin atender los problemas de la ciudadanía».
Finalmente, convoca a los cruceños a estar alerta a su convocatoria para defender «los principios de la libertad, la verdadera ley, la verdadera justicia y la autonomía plena».
El Vicepresidente lamentó las «temerarias» acusaciones del Gobernador cruceño y señaló que lo responsable ahora es que éste le inicie un juicio en el que pruebe sus denuncias. Para ello, dijo que renuncia a sus privilegios constitucionales para someterse a un proceso ordinario.
«Yo renunció a ese derecho y me someto a la justicia ordinaria, como cualquier otro ciudadano, para demostrar mi inocencia de los cargos que emitió el señor Costas, gobernador de Santa Cruz», señaló.
Agregó que «si no hay pruebas de que el Vicepresidente recibió dineros del narcotráfico, quedará demostrado que fueron acusaciones temerarias que solamente buscan ocultar los problemas que el Gobernador de Santa Cruz tiene frente a su pueblo por su posición dual frente al proceso de autonomías constitucionales que el Gobierno pone en marcha».
En Santa Cruz, el secretario general de la Gobernación, Roly Aguilera, respondió por Costas. «El Gobernador no va a caer en el circo que quiere tender este Gobierno o este Vicepresidente. No vamos a entrar en el juego de los juicios», dijo. Recordó que el narcotráfico creció en el país, según informe de la ONU.
Critica la aprobación de leyes
En su comunicado, Rubén Costas critica la aprobación de leyes sin consenso. El jefe de la Bancada de Convergencia en el Senado, Germán Antelo, consideró que en respeto a la dignidad de las personas, las acusaciones o denuncias nunca deben ventilarse de manera pública, sino presentarlas a los tribunales
Los cívicos también atacan
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Núñez, calificó de «carcelero de los bolivianos» al vicepresidente Álvaro García Linera. Dijo además que con sus amenazas «muestra de que en Bolivia hemos perdido el Estado de Derecho».
Imputan a 30 personas por referendos
Un grupo de fiscales anticorrupción imputó a más de 30 personas, entre ellas actuales autoridades de la Corte Departamental Electoral y de la Gobernación de Santa Cruz, por el referéndum de estatutos autonómicos que se desarrolló en mayo del 2008, informó Diego Roca, asistente del juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal, del juez Luis Tapia Pachi.
El funcionario afirmó que, ante la ausencia de Tapia Pachi, el caso pasará a otro juzgado.
La imputación surgió a raíz de la denuncia que presentó, el pasado año, el contralor Gabriel Herbas, por el uso de recursos del Estado en la realización de ese referéndum, calificado de ilegal por el Gobierno.
Entre los imputados se encuentran los ex funcionarios de la Prefectura y algunos actuales colaboradores del gobernador Rubén Costas, Vladimir Peña, Rolando Aguilera y José Luis Parada, además del presidente de la Corte Departamental Electoral de Santa Cruz, Mario Orlando Parada. También hay 23 ex consejeros departamentales imputados por los delitos de conducta antieconómica, resoluciones contrarias a la Constitución y malversación de fondos.
El gobernador Rubén Costas alertó ayer de que «otra función de circo se prepara para este viernes». Indicó que se viene una «persecución política, chantaje y terrorismo psicológico contra una nueva lista de ciudadanos cruceños».
Finalmente, dijo que «basta de seguir persiguiendo a ciudadanos cruceños». Costas también fue acusado por el mismo caso.
