Cívicos, dirigentes y asambleístas de Santa Cruz se unieron en defensa del gobernador Rubén Costas y del empresario Humberto Roca, dueño de la línea aérea AeroSur, sobre quienes pesan procesos judiciales impulsados por autoridades del Gobierno.
El Comité Pro Santa Cruz y la Asamblea Departamental cruceña, por separado, emitieron comunicados de respaldo a los dos personajes, a quienes consideran víctimas del oficialismo.
«Expresamos solidaridad con todas las autoridades y ciudadanos que están siendo perseguidos judicialmente, con fines políticos, por el Gobierno Nacional. Nos solidarizamos con nuestras autoridades que impulsaron el proceso autonómico en Bolivia», señala un comunicado emitido por el ente cívico.
La solidaridad fue expresada a Costas, a quien demandó ayer penalmente, por el delito de desacato, el vicepresidente Álvaro García Linera. El apoyo también fue para Roca, procesado por el Gobierno central.
Paralelamente, la Asamblea Departamental de Santa Cruz, a través de su presidente, Alcides Villagómez, se sumó al respaldo.
«Expresamos toda nuestra solidaridad a nuestro Gobernador, secretarios y consejeros imputados en este hecho de atropello que atenta contra sus derechos fundamentales y el ejercicio de la democracia plena», señaló Villagómez.
El asambleístas criticó el proceso que se le sigue a Costas por la realización del referéndum de estatutos autonómicos.
Demanda. Entretanto, en La Paz, la directora jurídica, Varinia Costas, y el secretario general de la Vicepresidencia, Héctor Ramírez, presentaron al Ministerio Público la querella, anunciada por García, en contra de Costas. Le acusaron por desacato.
El trámite fue rápido, el fiscal de Distrito Williams Dávila recibió la denuncia a las 10.10, minutos después la remitió a la ventanilla de sorteo de causas y a las 10.40 se asignó el caso a la fiscal Rosario Venegas.
Dávila explicó que «desde la próxima semana haremos una comisión para que investigue el caso, no sabemos todavía cuántos fiscales estarán en la comisión».
En Santa Cruz, Rubén Costas ironizó: «Me tiene sin cuidado (la demanda», y reiteró que una demanda por desacato es coartar la libertad de expresión en el país.
«No hay que tener miedo», dijo. Luego señaló que «lo que no pueden es llevarme preso por terrorismo y sabemos quién es terrorista confeso. Ahora, como tienen la justicia en sus manos, van a inventar miles de juicios».
El delegado de asuntos internacionales de la Gobernación, Óscar Ortiz, cuestionó el tipo penal por el cual es demandado Costas. Señaló que es una figura legal que proviene de las dictaduras y coarta la libertad de palabra.
Asimismo, señaló que no corresponde que Costas acuda a la Comisión de Gobierno del Poder Legislativo que le citó para que presente pruebas de sus acusaciones contra el Vicepresidente. Costas acusó a García de recibir dinero del narcotráfico. El segundo mandatario del país le inició un proceso por su declaración.
Costas reta a Soza a convocarlo
El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, retó ayer al fiscal Marcelo Soza a que lo convoque a declarar en el caso de terrorismo. Y culpó al Fiscal del impasse político con el vicepresidente Álvaro García Linera.
«Yo vuelvo a declarar lo que le dije (el 5 de mayo, cuando anunció que iba a llamar a declarar a varios cruceños) al señor Soza, que me llame a mí primero, porque yo he sido quien ha liderado todos los cabildos y procesos. El señor Soza no tuvo la capacidad ni la valentía de convocarme», aseveró.
El reto surgió luego de que Soza vinculó a Costas con el presunto grupo terrorista de Eduardo Rózsa.
El Fiscal identificó a Pablo, hermano de Costas, como nexo directo entre el Gobernador cruceño y la célula irregular que operó en Santa Cruz y a la cual se la acusa de cometer el atentado en la casa del cardenal Julio Terrazas y de buscar la división del país. Según Soza, el grupo era financiado por líderes cruceños.
Costas reiteró sus acusaciones en contra de Soza, en sentido de que el Fiscal habría convocado a declarar a ciudadanos cruceños por el caso terrorismo para «chantajearlos o amedrentarlos».
Además, afirmó que Soza promovió un «terrorismo psicológico» en contra de la población. Acusó a éste de estar al lado del Gobierno para crear cortinas de humo cuando hay protestas. «Nos provoca para responder torpemente. Si el inicio de este impasse con el Vicepresidente fue eso, pero nadie lo entiende», aseveró.
Según Dávila, Soza puede enjuiciar a Rubén Costas
El fiscal de Distrito de La Paz, Williams Dávila, apoyó el juicio que quiere iniciar el fiscal Marcelo Soza en contra del gobernador cruceño Rubén Costas, por las acusaciones que lanzó en su contra en el caso de terrorismo.
«El fiscal (Soza) es un representante del Ministerio Público, él puede seguir los procesos correspondientes porque está en sus funciones, porque esta trabajando en el Ministerio Público en defensa de la sociedad, que es una de las responsabilidades de la Fiscalía», afirmó Dávila. Según el Fiscal de Distrito de La Paz, cualquier hecho delictivo debe ser investigado por el Ministerio Público, porque en muchos casos se afecta a la integridad y seguridad de la colectividad.
Marcelo Soza fue asignado a las investigaciones del caso terrorismo y alzamiento armado en Bolivia suscitado en abril del 2009 donde un grupo irregular encabezado por Eduardo Rózsa fue desarticulado por fuerzas de la Policía boliviana en el hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz.
En el hecho estarían involucrados empresarios, ex cívicos y líderes cruceños, cuyas acciones fueron criticadas por Costas.
El Gobernador cruceño acusó en las últimas horas a Soza de pedir dinero a presuntos involucrados en el caso, a cambio de no pedir su detención. Además, denunció al fiscal por tratar de construir pruebas para inculparlo en el caso que investiga.
En respuesta, el fiscal Soza dijo que analizará la situación con sus abogados. No descartó la posibilidad de iniciar un proceso penal al Gobernador de Santa Cruz por calumnias y difamación. Sobre la investigación, Soza señaló el jueves que cuenta con mucha información que ayudará a clarificar más la investigación. Entre los investigados se encuentran ex cívicos y empresarios.
