El Gobierno apunta a la creación de la Inteligencia civil del Estado que, junto a la militar y policial, operará en las zonas de frontera como un mecanismo de lucha contra la actividad ilícita, informó el director de la Agencia para el Desarrollo de Macro Regiones y Zonas Fronterizas (Ademaf), Juan Ramón Quintana.
«Lo que estamos trabajando y en lo que hay que trabajar es en la construcción de una arquitectura de seguridad que se corresponda con las necesidades de la región», afirmó la autoridad, quien está encargada, entre otros aspectos, de las políticas de desarrollo integral en las fronteras.
Quintana, ex militar y ex ministro de la Presidencia, explicó que «en buena parte» de las zonas limítrofes de Bolivia el común denominador y «moneda de cambio» es la economía ilegal vinculada a actividades como el contrabando, tráfico de armas, narcotráfico, venta de vehículos robados y explotación de recursos naturales de forma ilegal.
Bolivia está ubicada en el centro de Sudamérica. Limita al Norte y Oeste con Brasil; con Paraguay y Argentina al Sur; y con Chile y el Perú al Este. La frontera boliviana con Brasil es la más extensa y abarca 3.423 kilómetros, de los que 750 se constituyen en un límite acuático.
«Tenemos que repensar la arquitectura estratégica de la seguridad para las regiones. Para aquellas que son más vulnerables, hay que fortalecer la seguridad en términos de Inteligencia, contrainteligencia, dispositivos militares y policiales con capacidades tecnológicas para enfrentar la inseguridad», perfiló.
La Fuerzas Armadas, según la Constitución Política del Estado, son las llamadas a defender y conservar la soberanía del Estado. Quintana, sin embargo, reveló que el 60 por ciento de los miembros de la institución armada está en las ciudades.
A esta realidad, explicó, se suma la falta de Inteligencia en las zonas de frontera, que debe resolverse en el marco de la reestructuración de este sistema que necesita, precisó, mirar hacia las regiones fronterizas.
Inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana operan en Bolivia, pero se requiere otra de carácter gubernamental. «La Inteligencia no necesariamente se responde con la fuerza policial y militar, sino también con políticas del Gobierno», explicó Quintana.
Ante la consulta de si esta nueva visión representa crear un nivel de Inteligencia civil, dijo: «Habría que trabajar en eso, porque eso ha quedado pendiente y es parte de la gran reforma del Estado».
RECURSOS. La puesta en marcha de la iniciativa requerirá «optimizar» y no incrementar el presupuesto para seguridad y defensa, en criterio de la autoridad. El Presupuesto General del Estado consigna una partida de 1.592.163.783 bolivianos al Ministerio de Defensa para las labores de seguridad y defensa.
El Ministerio de Gobierno tiene un presupuesto 1.792.896.324 para sus diferentes actividades.
La seguridad en las fronteras no sólo se garantizará con la presencia policial o labores de Inteligencia, sino con mayor presencia institucional del Estado, de tal forma de generar desarrollo económico que minimice, dijo, los riesgos de delincuencia.
Quintana afirmó que Migración debe tener un rol más activo, porque los convenios regionales y bilaterales sobre facilidades migratorias, «en algunos casos conceden ciertas licencias para actividades no siempre legales de algunos extranjeros».
Proyectos de desarrollo productivo que incentiven la vocación productiva de las regiones fronterizas también son otra prioridad en esta visión integral de desarrollo y seguridad fronteriza, explicó.
Los problemas fronterizos, aclaró, no son propios de Bolivia, sino también de los países vecinos. «Son comunes en la región», aseguró la autoridad. Entonces, afirmó, la solución a los problemas fronterizos debe enfocarse con una visión regional.
Para qué la seguridad del estado
El propósito de un servicio de Inteligencia es, esencialmente, obtener información para contribuir a salvaguardar los intereses del Estado, su integridad y su seguridad territorial.
La droga mueve $us 500 millones
El tráfico ilícito de cocaína en Bolivia movería alrededor de 500 millones de dólares, de los 72 mil millones que genera en el mundo, según un informó de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD).
El organismo internacional también informó que el 2009 se contabilizó en Bolivia un total de 30.900 hectáreas de coca, que tienen un potencial de producción de 54.600 toneladas, de las que 35.161 no pasaron por el control legal.
Los datos muestran que existen al menos 11.900 hectáreas ilegales del arbusto, teniendo en cuenta que la Ley 1008 reconoce la legalidad de 12.000, mientras un decreto la legalidad de 7.000 en el Chapare.
El comercio de la coca movió 265 millones de dólares el 2009. Bolivia es el tercer productor de droga y coca, después de Colombia y Perú.
El potencial de producción de cocaína, el 2008, llegó a 113 toneladas. Se informó que la mercadería ilícita llega hasta mercados de Europa. En Bolivia, el negocio mueve $us 500 millones
Dos grupos criminales con nexos en Bolivia
Las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho habrían mantenido vínculos con el narcotráfico en Bolivia.
El narcotraficante secuestrado en mayo en San Ramón, William Rosales, habría sido el nexo del PCC. Rosales terminó abandonándolo porque se rehusó a pagar una comisión al emisario del Comando en Santa Cruz, para exportar droga a Brasil. La información la reveló el capitán Orlando Araujo, uno de los acusados en ese caso.
Rosales fue secuestrado después de que ejecutaron a seis de sus guadaespaldas. Una fuente de la fuerza antidrogas informó que el PCC tenía emisarios en Bolivia. También se reveló que el Comando Vermelho tenía intereses en Bolivia. Estos grupos operarían a través de emisarios.
