El Ministerio de Justicia cerró con 6.221 personas el proceso de inscripción de personas interesadas en beneficiarse con el resarcimiento económico a víctimas de las dictaduras. Este proceso está amparado en la Ley 2640, promulgada el 2004.
La ministra de Justicia, Nilda Copa, informó que el número de postulantes sobrepasó en más del 100 por ciento las expectativas del Gobierno, que preveía que la cifra no pasaría de 3.000 solicitudes de potenciales víctimas de los períodos dictatoriales 1964-1982.
El proceso es complejo y hasta el momento sólo se certificó que 218 personas sufrieron violencia política. «Estas personas han cumplido con todos los requisitos y ya están listas para resarcirlas. Veremos si hay alguien más de los 6.221 expedientes que tenemos. No habrá más ampliación (para otras solicitudes), porque ya estamos en la etapa de revisión y cierre», aseguró la ministra.
Los miembros de la Comisión Técnica de Calificación (Comteca) se reunirán hoy para definir el cronograma de trabajo y establecer quiénes de las 6.221 personas inscritas calificarán para recibir un monto de al menos 60 salarios mínimos nacionales (Bs 40,740) o un máximo de 300 salarios mínimos nacionales (Bs 203,700).
Santiago Cely Laura Apaza, víctima del gobierno de facto del extinto Hugo Banzer, reclamó por la demora en la entrega del beneficio. «Fui perseguido y estuve recluido en las cárceles de Chonchocoro y de Viacha. Mi delito fue luchar contra la dictadura, pero ahora vengo aquí (Ministerio de Justicia) y, aunque he presentado todos los requisitos, me siguen pidiendo otros», reclamó.
«Creo que el Gobierno desea borrar de la lista a la mayoría de las verdaderas víctimas que sufrieron detención, exilio y tortura», denunció Laura, mientras que Carlos Llanque explicó que le exigieron probar su tortura. «El Estado vulneró nuestros derechos desde 1970 y lo sigue haciendo hoy, en el 2010», sostuvo.
Copa aseguró que los requisitos exigidos se enmarcan en la Ley 2640. «No puedo violar una ley, ni modificar ninguno de sus artículos; eso sería trabajo de la Asamblea Legislativa y producto de una labor conjunta y consensuada», explicó la autoridad.
El representante de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires (Asofamd), Freddy Salazar, denunció que el 90 por ciento de sus afiliados fueron rechazados en sus solicitudes por la Comteca, por lo que planteó revisar los requisitos que se exigen «para no revictimizar a las víctimas».
Salazar informó que sus asociados podrían demandar al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el incumplimiento de convenios en materia de resarcimiento a víctimas de dictadura.
Los familiares de desaparecidos, como Marcelo Quiroga Santa Cruz, Carlos Flores y Renato Ticona, iniciaron procesos legales para que las Fuerzas Armadas cooperen en la búsqueda de los restos de sus familiares. La Justicia ordenó a los militares revelar sus archivos sobre la dictadura
Ley 2640
Las víctimas
Establece un procedimiento para resarcir a las víctimas de actos de violencia política, por agentes de gobiernos inconstitucionales que violaron y conculcaron los derechos humanos y garantías consagradas en las leyes.
Beneficiarios
El resarcimiento por los daños beneficia a las víctimas directas y a viudas o viudos de víctimas fallecidas. Comprende el periodo del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre del año 1982.
Hechos
Se beneficiarán las personas que sufrieron detención y prisión arbitraria, tortura, exilio o el destierro, la incapacidad calificada, la muerte en el país o en el exterior por razones de violencia política, la desaparición forzada y la persecución política.
Salarios mínimos
Según el grado de violencia sufrida, la víctima, previa calificación técnica y legal, tendrá derecho a un resarcimiento excepcional y definitivo de entre 60 y 300 salarios mínimos nacionales.
Agravantes
Los hechos resarcibles correspondientes a torturas, lesiones e incapacidades calificadas constituyen factores agravantes dentro de cada una de las categorías del cómputo anterior.
El Gobierno requiere más de $us 14,4 millones
La comunidad internacional no tiene interés en cooperar en el resarcimiento a las víctimas de la dictadura, programa que requiere de más de 14,4 millones de dólares de cooperación, informó la ministra de Justicia, Nilda Copa.
La Ley 2640 de Resarcimiento a Víctimas de la Violencia Política prevé un soporte base de 3,6 millones de dólares para esa iniciativa, mientras que el resto debe gestionarse en el exterior.
«Hasta ahora, ninguna cooperación ha querido apoyar este proyecto de resarcimiento. Se ha pedido a varias organizaciones, y no hay nada», reveló Copa, quien explicó que a esa falta de interés se suma una cantidad no prevista de personas que solicitan beneficiarse de la iniciativa.
La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura de la Organización de los Estados Americanos (OEA) garantiza la reparación de daños y la compensación a las víctimas de la violencia política.
El Estado boliviano, a través de las leyes 3454 y 3935, homologó normas internacionales a favor de las víctimas de la dictadura. En Bolivia, las personas beneficiarias serán aquellas que fueron torturadas entre los períodos de dictadura 1964-1982.
La ministra Copa dijo desconocer cuánto de recursos económicos se requerirá para cumplir con esta obligación del Estado. La autoridad, no obstante, aseguró que continuarán gestionando apoyo para compensar económicamente a aquellas víctimas de la dictadura.
