Organizaciones de derechos humanos solicitaron al presidente Evo Morales agilizar el resarcimiento a víctimas de violencia política, porque caso contrario existe el riesgo de demandar al Estado ante la Corte Penal Internacional.
La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera, denunció que las víctimas de la dictadura «son revictimizadas» con los requisitos, en muchos casos difíciles de conseguir, que se exigen para calificar al resarcimiento.
«Si se continúan con estas notificaciones de que no califican (para el beneficio), va acontecer que organizaciones de derechos humanos, nuevamente, tengamos que apoyar a esas víctimas para que acudan a organismos internacionales como la Corte Penal Internacional, y eso es un perjuicio para el Estado», advirtió.
La Ley 2640 de Resarcimiento a Víctimas de la Violencia Política prevé beneficiar a quienes fueron torturados, exiliados y a los presos políticos. Hasta el momento, calificaron para el beneficio 218 personas, mientras que 6.221 aspiran a beneficiarse con esa ley.
El representante de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires (Asofamd), Luis Alberto Aparicio, dijo que el Gobierno tiene hasta el 17 de julio para flexibilizar los requisitos y acelerar el resarcimiento, porque de lo contrario acudirán a organismos internacionales.
