Las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando Capital (PCC) y Vermelho operan en al menos seis países de la región, incluido Bolivia. El cártel mexicano Zeta, en cambio, está en busca de afianzar nexos, entre ellos con narcos bolivianos.
Informaciones periodísticas dan cuenta de que el PCC de Sao Paulo «se ha internacionalizado», contando con el apoyo de redes mafiosas de Paraguay, Argentina, Uruguay, Colombia, Chile y Bolivia. En cambio, Vermelho, de Río de Janeiro empezó a establecer raíces en Bolivia y Paraguay.
El diario Última Hora de Paraguay informó que «varios soldados del PCC y, principalmente, del comando Vermelho dejaron ese país «para migrar a otros puntos como el vecino país de Bolivia».
Las dos organizaciones brasileñas tienen en común el hecho de que nacieron en recintos carcelarios. El PCC salió a la luz pública en febrero del 2001 con la organización de la mayor revuelta carcelaria en Brasil, mientras en julio se reveló que tenían la intención de liberar a un narcotraficante de la cárcel, usando un misil. El comando Vermelho fue fundado en la cárcel Cándido Mendes de Río de Janeiro.
El cártel mexicano Zeta es una organización integrada por ex militares entrenados en la Escuela de las Américas de Estados Unidos. Actualmente opera de forma independiente, después de desprenderse del cártel del Golfo.
Ya en agosto del 2008, servicios de inteligencia mexicanos informaron que «estarían moviéndose entre Argentina, Brasil y Paraguay». En los últimos tres años, los Zeta habrían logrado expandir sus operaciones a Estados Unidos y Centroamérica, y en Sudamérica buscarían «países con regulaciones débiles del mercado de los precursores químicos para producir metanfetaminas».
El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, confirmó el miércoles que el PCC, el comando Vermelho y el cártel Zeta operan en Bolivia a través de sus nexos con clanes familiares del narcotráfico. «Son conexiones, tienen contactos y operan», reveló.
El capitán de Policía Orlando Araujo, involucrado en la matanza de San Ramón y el secuestro de William Rosales, reveló que el plagiado tenía protección del PCC y que debía pagar una cuota al emisario de la organización en Bolivia, para exportar droga.
La presencia del cártel mexicano preocupa en Centroamérica. La Prensa Gráfica de El Salvador reportó que los Zetas entraron a ese país con fines exploratorios y que hacen contactos con pandillas y cárteles de la droga.
La información ha alertado a las naciones centroamericanas que están solicitando «un plan de apoyo para la región en materia de combate al narcotráfico», según reportó La Prensa Gráfica.
Las tres organizaciones delictivas son conocidas por la violencia con la que actúan en su objetivo de controlar el narcotráfico.
Narcotráfico en la agenda de defensa
El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, informó que el tema del narcotráfico y el crimen organizado serán parte de la IX Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, que se realizará en noviembre en Santa Cruz. El 19 y 20 de julio se llevará a cabo la reunión preparatoria de
la cumbre.
Aprehenden a 13 colombianos
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y la Fiscalía ejecutaron un operativo que concluyó con la detención de 13 colombianos, vinculados con el lavado de dinero del narcotráfico, informó el fiscal antidrogas José Parra.
También se incautó 14 motocicletas y 15 mil bolivianos. Éste es el resultado del allanamiento a dos inmuebles, donde se encontró las motocicletas, valuadas cada una en 2.000 dólares.
«Luego de procesar una información procedimos al allanamiento con una orden judicial; aprehendimos a los colombianos, se encontró la marihuana y el dinero al raleo, que estaban tratando de camuflar (lavar) en actividades comerciales», dijo.
La Fiscalía informó que a los colombianos detenidos se les abrió un proceso legal por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y posesión de sustancias controladas.
En mayo, la Policía aprehendió a otros ocho colombianos, entre ellos una mujer, en un operativo en el condominio Mall Calle 7, de la zona Siete Calles.
En aquella oportunidad, el fiscal Alejandro Ortega confirmó que los colombianos estaban siendo investigados por legitimación de ganancias ilícitas, tráfico de sustancias controladas y asociación delictuosa.
Esos ciudadanos extranjeros se dedicaban a prestar dinero proveniente del narcotráfico sin ningún requisito. De esta forma, se explicó, lavaban dinero ilícito.
