La Paz – Una misión del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas llegará a Bolivia en agosto, con el objetivo de verificar denuncias de violación de los derechos humanos en el sistema carcelario.
La información la proporcionó la presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Yolanda Herrera, quien explicó que la visita del Comité responde a denuncias de «uso excesivo de la fuerza en interrogatorios a reclusos, para lograr que confiesen posibles delitos o delaten a sus cómplices».
El Comité tiene como misión supervisar la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que tipifica la tortura como el acto a través del cual se infligen dolores o sufrimientos graves para obtener información o una confesión, castigar una acción e intimidar o coaccionar a una persona.
La presidenta de la APDHB relató que en los interrogatorios se usan métodos de períodos dictatoriales como la «picana» (contacto con la electricidad). Informó que se denunció que en una cárcel del Beni ponen una bolsa nylon sobre la cabeza del detenido y luego sueltan gas para hacer que confiese delitos.
«Las torturas que se realizan en los penales se aplican frecuentemente, pero muy pocos los denuncian. Y si lo hacen, sus casos quedan sobreseídos porque nadie ha visto nada, lo que genera impunidad contra los que abusan del poder», denunció Herrera.
El Estado boliviano ratificó los acuerdos internacionales contra la tortura; sin embargo, hasta el momento no son aplicados, insistió. Perfiló que el informe del Comité, sobre la situación en las cárceles, será negativo.
Esta instancia de la Organización de Naciones Unidas realiza visitas periódicas a los países miembros del organismo internacional, para verificar la situación de los derechos humanos y contribuir a que los estados superen aquellas debilidades que se identifiquen.
Además de la tortura en los recintos penitenciarios, también se observa los casos de sobrepoblación, las condiciones materiales y de higiene, los servicios básicos, la atención médica y la violencia intercarcelaria.
La Razón informó el domingo 27 sobre tres casos de abuso contra igual número de mujeres en los recintos carcelarios.
En su visita a Bolivia, la misión internacional también verificará las denuncias de tortura en recintos militares. Herrera asegura que existen denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza contra los premilitares. «Han denunciado maltrato psicológico de algunos oficiales, que bajan la autoestima de muchos jóvenes», afirmó.
Conflictos
Justicia
El 26 de abril, internas de la cárcel San Sebastián (Cochabamba) protestaron por la retardación de justicia y demandaron flexibilidad en las condenas. Denunciaron que las fianzas y condenas a las que son sometidas son demasiado altas para los delitos que cometieron.
Hacinamiento
El 15 de octubre del 2006, los presos se movilizaron para exigir al Gobierno velar por la igualdad jurídica, reclamaron por el hacinamiento, la retardación de justicia y por las condiciones de más de 200 niños que vivían con sus padres en los penales.
Precedente
En mayo del 2001, el Comité Contra la Tortura de NNUU denunció el retraso judicial de dos tercios de la población penal. Observó la sobrepoblación y las precarias condiciones materiales y de higiene en los establecimientos carcelarios y la carencia de servicios básicos.
Griselda Sillerico Ariñez
Garantizar condiciones adecuadas
El tema de las cárceles en Bolivia cruza por temas estructurales como la inexistencia de una política criminal y penitenciaria, la falta de presupuesto para invertir en recursos humanos con sueldos adecuados y en la construcción y mejora de recintos penitenciarios del área urbana y rural.
También existe un alto índice de detención preventiva que oscila generalmente entre el 72 y 74 por ciento. Hay problemas urgentes a resolver como el hacinamiento, los prediarios son cancelados con demora; el personal médico, medicamentos, instrumental y equipamiento médico son insuficientes, lo que pone en riesgo la salud de los internos.
Creemos que los derechos humanos de las personas privadas de libertad deben ser asumidos como políticas de Estado en el marco de la Constitución Política, a partir de lo cual, el Estado debe encarar el diseño e implementación de una estrategia penitenciaria en el marco de una política criminal, con enfoque de género, generacional, discapacidad y étnico.
Es necesario un mayor incremento presupuestario para implementar políticas penitenciarias en las áreas urbana y rural, y garantizar condiciones adecuadas de espacio, es decir, celdas con ventilación, luz natural e higiene. Se debe invertir en la construcción y remodelación de la infraestructura carcelaria. La Defensa Pública debería contar con abogados en toda el área rural del país y encarar la problemática de la defensa desde un enfoque intercultural.
Griselda Sillerico Ariñez
es Defensora del Pueblo (ai).
