El director de Régimen Penitenciario de La Paz, Elaquías Valeriano, y la gobernadora de la cárcel de mujeres de Obrajes de La Paz, coronel Basilia Meneces, fueron destituidos del cargo ayer, como consecuencia de una serie de denuncias de abusos contra las privadas de libertad.
La decisión fue hecha pública por el director nacional de Régimen Penitenciario, Wilson Soria, quien también informó que se instruyó una auditoría al manejo de fondos, entre noviembre del 2009 y junio del 2010, generados por la lavandería que funciona en el centro penitenciario de Obrajes.
Las denuncias sobre abusos en los centros penitenciarios de mujeres se remontan al 27 de junio, cuando
La Razón publicó tres casos de privadas de libertad que relataron haber sido objeto de abusos e, incluso una de ellas reveló que un policía encargado de la seguridad intentó violarla.
«Quizá lo peor no es estar en la cárcel, lo peor es cuando los policías nos abusan», relató Damiana a este medio, mientras que Lorena aseguró que no puede dormir al recordar que casi fue violada y Fernanda dijo que aún se siente perseguida por la Policía.
A esto se sumaron las denuncias de otras privadas de libertad a varios medios de comunicación. «La gobernadora está manejando la cárcel de Obrajes como si fuera de régimen cerrado. No tenemos libre expresión, no podemos hablar nada, porque nos meten al calabozo», relató una reclusa a la televisora PAT.
También se denunció que la peruana Mildreda Espinoza fue aislada y sujetada con manillas a su cama, entre el 6 y el 19 de julio, tras ser acusada de intentar huir de la cárcel. En radio Deseo, la privada de libertad Briseyda Paredes comunicó que fue castigada con 30 días de calabozo tras revelar manejos irregulares en el servicio de lavado y planchado de ropa.
Soria explicó que existe el castigo de aislamiento, pero ello —aseguró— no implica el enmanillado. «Tenemos una clara defensa por la dignidad y por los derechos humanos de todos los privados de libertad», expresó y, minutos después, anunció la destitución de Valeriano y de la coronel Meneces.
Soria informó que personal del consulado peruano constató que Espinoza fue sacada del régimen de aislamiento, mientras que el defensor del Pueblo, Rolando Villena, cuestionó el accionar de los uniformados en la cárcel y denunció que los abusos representan «mal uso del poder».
Villena informó que constató que Espinza, evidentemente, estaba enmanillada, y que autoridades policiales del centro penitenciario argumentaron que se recurrió a ese extremo para evitar que la reclusa se suicide debido a su depresión.
Una cruzada por los derechos
La Dirección Nacional de Régimen Penitenciario capacitará en la temática de los derechos humanos a los policías que resguardan las cárceles. La decisión fue tomada luego de que se denunciara una serie de abusos policiales contra las privadas de libertad.
«Vamos a instruir a las direcciones departamentales que coordinen con los delegados de los reclusos acciones concretas, que vayan aminorando todo lo que se refiere a malos tratos y abusos en los recintos penitenciarios», anunció Soria.
También confirmó que en los siguientes días llegará a Bolivia una misión del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas para verificar la situación de los derechos humanos en las cárceles.
Soria informó que el 78 por ciento de 8.788 presos está en condición de detenido preventivo, por lo que pidió a la justicia resolver ese problema. También dijo que solicitará apoyo a Japón para mejorar la infraestructura.
