La Fiscalía de Distrito del Beni imputó al gobernador Ernesto Suárez, a 12 ex consejeros departamentales y a cinco ex vocales electorales benianos por efectivizar el referendo autonómico del 2008. Los acusan de malversar Bs 3.319.060 en la consulta.
La acusación fue presentada por la Contraloría, luego de que el Gobierno denunció la ilegalidad de la consulta de estatutos autonómicos que impulsó Suárez.
Según la imputación elevada por el fiscal Carlos Peláez Mariobo, la autoridad departamental y los otros denunciados, son acusados por malversación, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. A los 18 involucrados se los acusa de malversar Bs 3.319.060 en la realización de la consulta autonómica.
Suárez está fuera del país, pidió licencia de la Gobernación, según dijo para someterse a un tratamiento de salud hasta fin de mes. Aunque sus abogados no se pronunciaron, no corresponde la suspensión de su cargo pues la Fiscalía no hizo una acusación formal.
Sobre el tema, el vicepresidente Álvaro García Linera explicó que la imputación no afectará a Suárez en sus funciones. «De ningún modo esta imputación establece una suspensión del Gobernador (Ernesto Suárez). El tema de la suspensión, si es que llegara a darse, requiere de una acusación formal por parte del fiscal y eso pudiera darse, como no, en los siguientes meses», afirmó García, quien dejó el tema en manos de la justicia ordinaria.
La Razón intentó comunicarse con los abogados de Suárez y el encargado de comunicación de la Gobernación del Beni no tenía conocimiento del tema, éste derivó la responsabilidad al encargado de Autonomías de esta entidad, Mauricio Paz, quien tampoco tenía conocimiento de la imputación.
De acuerdo a la Ley de Autonomías, las autoridades departamentales o municipales que tengan una acusación formal en su contra deben ser suspendidas para enfrentar su juicio. Al igual que Suárez, los gobernadores de Santa Cruz, Rubén Costas; de Tarija, Mario Cossío, y el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, enfrentan procesos por la realización de referendos para aprobar los estatutos autonómicos, sin consentimiento del Gobierno.
Además de Suárez, la imputación afecta al entonces presidente del consejo departamental Clemente Cárdenas Sanjinés y a los ex consejeros Fabián Rodal Coelho, Celín Silva Julio, Carlos Zeitun Oliva, Christian Justiniano Fernández, Zajir Daguer Barba, Luis Simón Hiza, Elvira Mavric Quevedo, César Román, Ginger Llapiz Leigue, Luis Selum Rivero y Fabiola Leiva Áñez.
VOCALES. La denuncia también involucra a la entonces presidenta de la Corte Departamental Electoral del Beni Zulema Gutiérrez Ortiz y a los ex vocales Elfia Becerra Roca, Rossana Hurtado de Morant, Víctor Édgar Moreno Morales y Ronald Martorell Roca.
A las ex autoridades electorales se las cuestiona por haber ejecutado ese referendo, pese a una decisión de la Corte Nacional Electoral que no reconoció esa consulta, ni ninguna de las que se desarrolló en Santa Cruz, Pando y Tarija, por el mismo tema.
El principal argumento que usó el Fiscal para la imputación fue que para efectivizar esa consulta se destinó recursos del Plan Operativo Anual (POA) de la gestión 2008, que estaban presupuestados. «No tenían atribución ni facultad legal ni constitucional para elaborar, aprobar y dictar. Es irrefutable e incuestionable el daño al Estado boliviano», señala un boletín de la Contraloría, que rescata una parte de la imputación.
