La decisión fue asumida anoche tras una accidentada reunión de-sarrollada en oficinas del Comité Cívico Potosinista (Comcipo).
De inicio, los delegados habían aceptado acudir al diálogo en Sucre, motivados por la intervención de tres representantes del sector campesino, pero un grupo de ciudadanos irrumpió en el lugar y los tildó de traidores, reportó la radioemisora local Kollasuyo
Presionado por los ciudadanos, el gobernador Félix Gonzales se tuvo que declarar en huelga de hambre. Consultado por La Razón al respecto, dijo: «Así lo exigieron las bases». Confirmó que el ampliado estuvo a punto de aceptar el diálogo, «fundamentalmente porque los niños están sufriendo, ya no hay productos lácteos, pero la gente determinó otra cosa».
Según la autoridad, la situación llegó al extremo de que «inclusive faltan medicamentos y alimentos». Sin embargo, advierte que «hay cansancio en la gente, desesperación. Hay personas paradas más de 10 días, que no tienen dinero, pero otras no entienden eso, no sé en qué terminará y espero que no sea contraproducente».
Desde Santa Cruz y antes de conocer la decisión de Gonzales, el ministro de Autonomías, Carlos Romero, sostuvo que «una huelga de hambre, como medida defensiva, expresa que la movilización en Potosí ha llegado a su máximo nivel de acumulación» y que los dirigentes tendrán que evaluarlo.
Gonzales sostuvo que pidió «día y noche» a los ministros que acudieran a «solucionar (el conflicto) con la debida anticipación».
Los piquetes de ayuno se instalaron en diversos puntos como la sede de Comcipo, la Asamblea Departamental y la garita de San Antonio; intervienen funcionarios de Casegural, del magisterio y de la Universidad Tomás Frías.
Potosí demanda la solución al conflicto de límites entre los ayllus indígenas de Coroma (Potosí) y Quillacas (Oruro), que se disputan un rico yacimiento de piedra caliza, materia prima para la fabricación de cemento, además de la atención de otras cinco demandas regionales.
Una multitudinaria protesta partió ayer por la mañana de la Plaza del Minero y se concentró cerca de la estación ferroviaria. El único orador fue el presidente de Comcipo, que leyó una proclama que exige al Gobierno la nacionalización de la mina San Cristóbal. Además, se decidió tomar la estación férrea Cóndor para impedir la salida de minerales a Chile. Condori explicó que las minas paralizan su producción de forma paulatina porque los trabajadores de San Cristóbal y Sinchi Wayra decidieron movilizarse.
Los bloqueos se mantienen en las carreteras interdepartamentales y en las líneas férreas.
Impiden que salga un avión con 65 turistas
Un grupo de cooperativistas mineros tomó ayer el aeropuerto de Potosí e impidió la salida de un vuelo chárter que debía trasladar a 65 turistas hacia el aeropuerto de El Alto a las 8.30.
El vuelo fue contratado por los extranjeros que llevan una semana sin poder salir del lugar. Los turistas ingresaron a las 7.00 a preembarque, pero fueron sorprendidos por unos 500 mineros que tomaron la pista, con cachorros de dinamita en la mano, e impidieron que aborden la nave.
«Nosotros estamos dos semanas en Potosí y queremos que nos permitan salir, no es justo que nos involucren en este problema que no nos concierne. Respetamos su decisión, pero deberían respetar nuestra condición de turistas», afirmó Miguel Aravena, turista peruano.
Los afectados señalaron que no cuentan con recursos económicos para sustentar su alojamiento y su alimentación debido a que llegaron a Potosí por vía terrestre. Los ruegos para abordar la nave fueron vanos frente a la determinación de los mineros, que exigieron a los afectados desalojar el aeropuerto.
Fiscal Uribe advierte con penalidades
El Ministerio Público aplicará la Constitución y las leyes contra las personas que cometan delitos penales en Potosí, advirtió el fiscal general, Mario Uribe, quien añadió que todo ciudadano tiene derecho a la locomoción y que no se puede estorbar la gestión pública.
Dijo que emitió el lunes un instructivo al Fiscal de Distrito de Potosí «para que de- sarrolle las labores en el marco de las competencias que nos otorga la CPE y las leyes». Según Uribe, inmediatamente se produzca un hecho de tipo penal, el Ministerio Público debe actuar en el cumplimiento de sus funciones.
