En los recintos carcelarios juveniles que se abrirán en Santa Cruz y La Paz, se prevé marginar a la Policía de la seguridad interna de los penales para dar paso a una guarda civil especializada, informó el director de Régimen Penitenciario, Wilson Soria.
La propuesta será presentada a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que, de aceptarla, tendrá que modificar la Ley de Ejecución Penal y Supervisión que, en su artículo 67, delega la responsabilidad exclusiva de la seguridad externa e interna de los centros penitenciarios, a la Policía Boliviana. «Como son penitenciarías modelo, éstas tienen que reunir una serie de condiciones, más de carácter educativo.
Desde la seguridad hasta el mismo trato que se les brinda a los internos, debe estar a cargo de personas mucho más cualificadas. Por lo tanto, la seguridad interna será una disposición de personas civiles», informó el encargado de las políticas en materia penitenciaria en Bolivia. Entretanto, aclaró que la seguridad externa seguirá bajo responsabilidad de la Policía.
El Gobierno prevé abrir dos centros penitenciarios juveniles. El próximo mes se abrirá el centro penitenciario Calahuma, en Viacha, y el 2011 se abrirá el Centro Educativo Juvenil Nueva Vida Santa Cruz, funcionará en la ex Granja de Espejos, en la capital oriental.
Soria manifestó que en el resto de los recintos carcelarios no se prevé cambios en materia de seguridad. Existen más de 8.000 reclusos, entre hombres y mujeres, y no hay una separación por edad. Un total de 55 recintos penitenciarios albergan a la población carcelaria que se calcula llegará a más de 10.000 reos.
Lo que dice la ley sobre el tema
La Ley 2298 establece que la seguridad de las cárceles se ejercerá por funcionarios de la Policía Nacional, para asegurar el régimen disciplinario y resguardar la integridad de los internos.
Denuncias de maltrato policial
Un informe del Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (Itei) reveló que la Policía fue la responsable de 38 casos de tortura, trato cruel, inhumano y degradante en los centros de orientación femenina de Obrajes y Miraflores, y la cárcel de San Pedro, en la ciudad de La Paz, entre el 2008 y julio del 2010.
El 21 de julio fueron destituidos de sus cargos el jefe departamental de Régimen Penitenciario de La Paz, Elaquías Valeriano, y la jefa de la cárcel de mujeres, coronela Basilia Meneses, después de que la reclusa peruana Mildreda Espinoza denunciara haber sido víctima de torturas durante 45 días.
El defensor del Pueblo en Cochabamba, Augusto Siles, denunció en abril pasado casos de abuso policial contra presos de las cárceles de San Antonio de la ciudad de Cochabamba y de San Pedro de Sacaba.
Días antes, Siles había expuesto al comandante de la Policía, general Óscar Nina, un muestrario fotográfico de las víctimas de torturas dentro de la cárcel de San Antonio y le pidió iniciar acciones contra los uniformados a cargo de la seguridad.
Una misión del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas llegará a Bolivia, con el objetivo de verificar denuncias de violación de los derechos humanos en el sistema carcelario.
