El gobernador del Beni, Ernesto Suárez, y otros 17 imputados por el referéndum autonómico del 2008, deben devolver a las arcas del Estado 3.319.060 bolivianos erogados para ese proceso, según la imputación presentada por la Fiscalía.
Suárez y el resto de los imputados están acusados por los delitos de malversación, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por la organización y realización del referéndum autonómico del 4 de mayo del 2008, informó la Contraloría del Estado.
«Por ello, la Fiscalía invoca los artículos 31 de la antigua Constitución y 122 de la actual, referidos a la nulidad de los actos de los que ejercen funciones que no emanan de la ley, lo cual hace alusión a que el referéndum sería nulo y su costo atribuible a los imputados», refiere un informe de la Contraloría.
La consulta departamental para la aprobación del estatuto autonómico del 2008, como en Pando, Tarija y Santa Cruz, se realizó sin contar con un amparo legal. Suárez acudió a una audiencia de medidas cautelares, donde la justicia determinó su arraigo y el pago de una fianza de 250 mil bolivianos.
En el proceso están involucrados doce miembros de la entonces Prefectura de Beni y cinco vocales de la también entonces Corte Departamental Electoral (CDE). La nueva Constitución Política del Estado constitucionalizó cuatro niveles autonómicos, entre ellos el departamental.
