La Corte Suprema de Justicia anuló una condena inicial de 2 años y ocho meses y la reemplazó por otra de 20 años de cárcel contra Óscar Menacho y Justo Sarmiento Alanes, por la desaparición forzada de José Carlos Trujillo Oroza y José Luis Ibsen Peña, durante la dictadura del extinto Hugo Banzer (1971-1978).
El 13 de diciembre del 2008, la justicia de Santa Cruz condenó a Menacho y Sarmiento a dos años y ocho meses de cárcel, que da pie a los sentenciados, por lo establecido en el Código de Procedimiento Penal, a acogerse al perdón judicial. Ante esta situación, se impugnó la sentencia y se llegó hasta la Suprema.
Los ministros José Luis Baptista, Ramiro Guerrero y Jorge Monasterio decidieron anular la sentencia inicial y emitieron un nuevo fallo que condena a 20 años de cárcel a los dos imputados, mientras un tercero, Juan Antonio Elio Rivero, fue condenado a 15 años de cárcel.
Los sentenciados fueron acusados por los delitos de privación de libertad, vejaciones, torturas, asesinato y encubrimiento, entre otros, faltas cometidas en su condición de miembros de los organismos de represión al servicio del régimen militar instaurado en 1971.
Gladys Oroza viuda de Solón Romero y Rebeca Ibsen Castro impulsaron el proceso en Santa Cruz, que tropezó con una serie de inconvenientes que permitieron a los acusados demandar, incluso, la extinción de la causa.
Más de cien autoridades judiciales, entre jueces, conjueces y fiscales, se excusaron de tramitar el caso. El 7 de enero del 2000, la fiscal asignada rechazó la apertura del proceso, pero poco después la justicia abrió uno.
«Lo que se ha dado es una sentencia en base a toda la documentación y prueba que existía, pero también en base a la doctrina y jurisprudencia internacional», explicó el ministro Guerrero.
Fallo del tribunal externo
El caso de José Carlos Trujillo llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado y le impuso pagar una reparación a la familia de la víctima. También estableció que el Estado allane el camino para dar con los restos del desaparecido durante la dictadura de Banzer.
El gobierno de Hugo Banzer
El 21 de agosto de 1971, el entonces coronel Hugo Banzer tomó el poder a través de un golpe de Estado. El gobierno de facto se extendió hasta el año 1978. En este período de tiempo se cometieron una serie de violaciones a los derechos humanos. La desaparición forzosa fue uno de los instrumentos que utilizó la represión del régimen militar.
La administración del extinto Banzer fue relacionada con el Plan Cóndor, una organización de represión constituida por los gobiernos de facto de la región.
José Carlos Trujillo Oroza, José Luis Ibsen Peña y Rainer Ibsen Cárdenas fueron, junto a decenas de personas, víctimas de los abusos que cometieron las dictaduras.
Una vez retornó la democracia, el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz inició un juicio de responsabilidades contra Banzer. El entonces legislador fue asesinado durante el golpe de Estado de Luis García Meza. Banzer fundó Acción Democrática Nacionalista (ADN) y llegó a la presidencia en 1997. Se vio obligado a dimitir por un cáncer terminal. Murió en mayo del 2002.
