El ex prefecto Luis Alberto «Chito» Valle será sometido a un nuevo juicio, esta vez penal y en el marco de la ley anticorrupción, para endurecer su condena. En este objetivo, el Gobierno inició una pesquisa a fin de hallar a quienes usó como «palos blancos» para ocultar sus bienes.
La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, informó que se ampliará el proceso que se ventila en contra de la ex autoridad, quien es juzgado en un juicio especial de responsabilidades por delitos de corrupción que involucran un daño al Estado de 17 millones de dólares.
La Ley de Lucha Contra la Corrupción «Marcelo Quiroga Santa Cruz», que no considera privilegios judiciales, será activada en este caso para ir tras Valle, quien no tiene bienes a su nombre, y los denominados «palos blancos» que hubiera usado para transferir sus bienes, explicó la autoridad.
«Hemos pedido a la Policía investigar sobre los posibles nexos entre ‘Chito’ Valle y sus familiares, sus amigos y colaboradores, para ver qué relación tienen los unos y los otros», anunció. En este propósito, se cruzará información con Derechos Reales, Migración, Registro Civil y otras instancias.
El artículo 27 de la Ley de Lucha Contra la Corrupción castiga el delito de enriquecimiento ilícito con privación de libertad de cinco a diez años, además de la «inhabilitación para el ejercicio de la función pública y/o cargos electos, multa de doscientos hasta quinientos días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente».
Suxo advirtió el domingo que, junto a «Chito» Valle también serán investigados los «palos blancos» que actuaron a su favor durante su gestión como prefecto, entre 1997 y 1999.
El ex prefecto de La Paz tiene procesos por casos como la «chitochatarra», venta de vehículos prefecturales como chatarra; La Cuisine, compra de bienes de lujo; y Fedemin, compra irregular de equipos y terrenos del ex Banco Minero de Bolivia.
Apoyo. El gobernador de La Paz, César Cocarico, respaldó la necesidad de enjuiciar al también yerno del extinto Hugo Banzer con la ley anticorrupción para endurecer su condena carcelaria.
«La Gobernación pide que la sanción de ‘Chito’ Valle se determine en conformidad a la ley anticorrupción y no de acuerdo al Código Penal, porque esa norma determina una sanción penal de 4 a 5 años, pero la ley anticorrupción incrementa esa sanción a 10 años como máximo y ésa es la pena que se le debe aplicar (en este caso)», consideró.
El asesor jurídico de la Gobernación, Humberto Quispe, informó que instaurarán dos procesos en contra del acusado: uno por la vía penal, por el delito de enriquecimiento ilícito, y otro por la vía civil, para recuperar los 17 millones de dólares.
«Tenemos el caso de un hotel en San Buenaventura (Jatauba, que perteneció a la ex autoridad). En este caso existe un palo blanco; nosotros hemos hecho las investigaciones y los dueños tendrán que decir cómo obtuvieron el hotel», aseguró.
Quispe reconoció que será difícil recuperar los 17 millones de dólares defraudados al Estado.
Recuperarán bienes
El gobernador César Cocarico afirmó que se recuperarán los bienes transferidos del ex prefecto Luis Alberto Valle para beneficio del departamento. El primer bien que se recuperará, y que está en manos de terceros, es el hotel Jatauba.
Ex prefecto se reunía con ex ministros de Goni
El ex prefecto de La Paz Luis Alberto ‘Chito’ Valle, durante su estadía en Lima, sostuvo encuentros con los tres ex ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), que desde el 2009 se encuentran asilados en ese país, reveló ayer la ministra Nardi Suxo.
«Él (Valle) incluso asistía a cenas y cócteles conjuntamente con los tres ex ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada. Tienen un grupo allí (en Perú) de élite, pues asisten a reuniones y a actividades sociales en las cuales se muestran y se los ve felices. ‘Chito’ Valle ha estado además en una zona de privilegio en Lima», puntualizó Suxo en una entrevista a radio Erbol.
El 2009, el gobierno del presidente Alan García dio asilo a los ex ministros Jorge Torres Obleas, de Desarrollo Económico; Javier Torres, de Salud; y Mirtha Quevedo, de Participación Popular, quienes son acusados por el delito de genocidio en el caso octubre del 2003.
