La llegada de Luis Alberto Chito Valle a Bolivia se demora. Mientras las autoridades judiciales en Lima no definen cómo entregar al ex prefecto paceño a la justicia boliviana, acusado de corrupción, en el país hay incertidumbre sobre la vía para juzgarlo.
Pese a los trámites de una comisión boliviana que viajó el domingo 22 a Perú para acelerar la deportación de Valle, acusado de delitos de corrupción cometidos en su gestión (1997-1999), la jueza del 27º Juzgado Penal de Lima, María Teresa Cabrera, decidió recluirlo en el Penal para Reos Primarios de Lima.
«Estamos preocupados de que esté llevándonos ya varios días, la toma de esta decisión que debía ser inmediata», señaló Suxo, que esperaba que «de una buena vez las autoridades peruanas cumplan con el compromiso y los acuerdos que se tienen a nivel internacional en temas como éste».
Además, el Gobierno sustentaba su posición en una resolución biministerial, firmada por las carteras del Interior y de la Presidencia del Perú, que, según Suxo, demandó a la justicia peruana que Valle sea expulsado de ese país.
Trámite. El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, ratificó ayer en Santa Cruz la posición del Estado en sentido de que Valle debería ser deportado, ya que su situación migratoria es ilegal en Perú. Añadió que el país está preparado ante un eventual trámite de extradición del ex prefecto.
El Gobierno, a través de la Cancillería, el Ministerio de Gobierno, de Transparencia y principalmente la Embajada de Bolivia en Perú, que lleva el caso en Lima, no informó hasta anoche en qué situación se encuentra el proceso legal que debió poner en frontera al ex prefecto.
Desde Lima se indicó extraoficialmente que la jueza Cabrera derivó ayer el caso a la Fiscalía de su país, lo que implicaría que se debe realizar un trámite de extradición.
El asesor jurídico de la Gobernación de La Paz, Humberto Quispe, lamentó que la Fiscalía de Perú no haya definido ayer que la Interpol de su país remita a la ex autoridad a la Interpol de Bolivia, para que el detenido sea puesto a disposición de la Corte Suprema y ésta disponga su traslado al penal de San Pedro de La Paz.
Informó también de la presentación de la Sentencia Constitucional 025 que dispone revocar la Resolución 74 y ordena la libertad de Valle el 2007, lo que agiliza «su reclusión en el penal de San Pedro».
TRIBUNAL. En Sucre, la Corte Suprema de Justicia expresó ayer su incertidumbre sobre qué camino tomará para continuar con el juicio de responsabilidades en contra de Chito Valle.
Antes de la fuga de Valle, en marzo del 2009, el Tribunal estaba compuesto por los ministros Eddy Fernández, Julio Ortiz, Hugo Suárez, Teófilo Tarquino y los conjueces Jorge Zamora Tardío y Elizabeth Maldonado. De ellos, Fernández se alejó de la Suprema.
El ministro Suárez dijo que al interior de la Suprema se estudian los caminos para continuar con este proceso. El primero se refiere a continuar con el juicio de responsabilidades con los tres ministros y dos conjueces. La segunda vía sugiere conformar otro tribunal y retroceder el proceso hasta el inicio del juicio oral. El presidente de la Suprema, Julio Ortiz, afirmó que todavía no se ha tomado ninguna decisión sobre el caso Valle.
El fiscal general Mario Uribe expresó su interés en el tema y el último lunes presentó un memorial pidiendo a la Suprema que se pronuncie al respecto.
Demora aflige al Gobierno
El Gobierno, a través de la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, expresó ayer su preocupación por la demora en la entrega al país del ex prefecto de La Paz, Luis Alberto Chito Valle, capturado el último viernes en Lima, Perú.
«Estamos preocupados de que esté llevándonos ya tres días hasta hoy la toma de esta decisión que debía ser inmediata», declaró la autoridad a la emisora estatal, Patria Nueva, tras recordar que Perú negó a Valle su pedido de asilo porque está acusado en Bolivia por delitos comunes, lo que haría que proceda su expulsión de ese país.
En la misma línea, el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Bernardo Wayar, dijo que, en el caso del ex prefecto, lo que corresponde es su expulsión pura y simple.
«Existen normas del derecho internacional que se aplican en casos como el que ha ocurrido con el ex prefecto, con la medida de la aplicación de la Policía administrativa, la cual se refiere a la expulsión o deportación de Valle, si éste tendría una estadía legal en el vecino país, pero como no es así, lo que corresponde es la deportación del mismo», explicó.
Indicó que la figura de extradición se materializa cuando un Estado requiere la cooperación de otro Estado, para solicitar el traslado de una persona que está siendo buscada y perseguida por la justicia del país de origen, figura que no se aplica en el caso de Chito Valle.
Autoridades judiciales peruanas habían señalado a principios de esta semana que esperaban que Bolivia realice «el pedido formal de extradición» para entregar a Valle, acusado de varios delitos de corrupción por $us 17 millones.
La Fiscalía reactiva la orden de aprehensión
El Ministerio Público reactivó ayer la orden de aprehensión emitida contra el ex prefecto de La Paz, Luis Alberto Valle, con el propósito de garantizar su detención en cuanto éste sea trasladado a territorio nacional, ya sea vía una deportación o extradición, según informó el fiscal de recursos Orlando Riveros.
El funcionario dijo que, hasta este momento, la noticia sobre la negativa a un pedido de deportación «no es oficial», por lo que la Fiscalía trabaja en la preparación de todos los detalles jurídicos con el fin de garantizar que Valle pueda enfrentar el proceso penal que tiene pendiente ante la Corte Suprema de Justicia.
La orden de detención preventiva fue librada en febrero del año 2007, pero un Tribunal de Hábeas Corpus de la ciudad de Sucre dejó sin efecto esa medida, por lo que Valle fue liberado pocas horas después de haber sido detenido en el penal de San Pedro de La Paz.
Extradición. Riveros dijo que la Fiscalía también presentará ante la Corte Suprema un pedido formal de extradición de la ex autoridad, quien se encuentra aún detenida en la capital del Perú tras ser arrestada hace dos días por la Interpol. «El Ministerio Público estará aguardando; la solicitud de extradición está lista para el momento en que se requiera», manifestó el fiscal Riveros.
El ministro de la Corte Suprema, Hugo Suárez, quien forma parte del Tribunal de Juicio de Responsabilidades contra Valle, declaró a los medios que la Corte «sentó jurisprudencia» en casos anteriores, por lo que está habilitada para continuar este proceso.
