Tras conocerse un informe policial que identifica a los presuntos autores del linchamiento de cuatro policías, el fiscal de Potosí, Sandro Fuertes, culpó a Johnny Castelú, abogado de los familiares de las víctimas, de propiciar su huida con sus revelaciones.
«Por declaraciones realizadas por este ciudadano (Castelú), los sospechosos se enteraron de que se les está a punto de aprehender y se pusieron a buen recaudo, entraron a sus ayllus», dijo ayer Fuertes a La Razón.
El informe policial establece que los pobladores de Cala Cala victimaron primero a Miguel Ramos Palluni, Rubén Cruz Aruquipa y Esteban Alave Arias. «Al que le decían comandante (Nelson Alcócer Casan), lo tenían como rehén y le trasladaron a una de las comunidades próximas del norte». Esta versión confirmaría el dato de que el suboficial Alcócer fue victimado después.
El abogado de las familias de los policías linchados en Cala Cala, en el municipio de Uncía, contó que a través de un convenio con los investigadores del caso, las autoridades se habían comprometido a detener a los principales sospechosos el domingo 15 de agosto, fecha en que se llevó a cabo una fiesta patronal en el poblado potosino.
«Se ha hecho un convenio para no entorpecer las investigaciones. Para que se ejecuten los mandamientos de aprehensión acordamos que iban a ser detenidos un día festivo, sin embargo, no se ejecutó ninguna orden ni se realizó ningún operativo», dijo.
Fuertes negó que se hubiera llegado a este convenio. «No podemos llegar a eso, aplicamos la ley como tiene que ser y es nuestra obligación ejecutar los mandamientos y que a los sindicados los pongamos ante la autoridad competente».
Un informe policial al que tuvo acceso ATB indica que los presuntos sospechosos del crimen son Eloy J.C., Anacleto M.A., Juan C., Ángel C., Hilarión E. y Filomena M.T. Según Castelú, estas personas tienen vehículos ilegales y dos de ellos son autoridades de los ayllus, pero negó haber sido él quien facilitó los nombres a los medios.
Fuertes sostuvo que antes del 15 de agosto se emitieron cinco órdenes de aprehensión contra las personas que, según la indagación, instigaron a los pobladores a ejecutar a los policías. «Lamentablemente, gracias a la irresponsabilidad de este ciudadano, quien tergiversa la información, es que se alertó a los posibles autores del hecho», protestó el fiscal Fuertes y añadió que hace tiempo que el defensor de las familias de los uniformados manifiesta cosas alejadas de la verdad.
Castelú dijo estar alarmado por la publicación de los nombres de los sospechosos. «Pedimos a la Policía que ejecute estos mandamientos de aprehensión lo antes posible», señaló. El fiscal dijo que, en coordinación con la dirección nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), se busca a los principales sospechosos del hecho. «En cualquier momento serán detenidos y serán conducidos ante la autoridad».
El jueves habrá una audiencia
El coronel Limberth Oporto, quien está a cargo de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) de Oruro, será sometido a una audiencia cautelar sobre el caso.
