El presidente Evo Morales asumió ayer la responsabilidad del desbloqueo de la vía a Caranavi, entre el 7 y 8 de mayo, y respaldó al ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, sobre quien pesan cuestionamientos por el operativo policial que originó la muerte de Mario Hernani y David Calizaya.
«La decisión que se tomó sobre el desbloqueo, fue una decisión institucional con el Gobierno nacional (…) evitamos cualquier confrontación, ustedes recordarán que los mineros querían salir a desbloquear y con los transportistas ya había enfrentamiento», justificó Morales.
El Mandatario arribó por la mañana a El Alto procedente de Corea del Sur, a donde viajó a cerrar acuerdos comerciales, y donde dio una conferencia de prensa en la Base Aérea Militar alteña. Allí, Morales ratificó su confianza en el Ministro de Gobierno, a quien calificó como un «compañero de mucha confianza, compañero de lucha y compromiso».
Durante la semana, la acción de la Policía en Caranavi, que depende del Ministerio de Gobierno, fue cuestionada por los informes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y del Defensor del Pueblo. El saldo de la intervención fue de dos muertos y 20 heridos.
Los dos informes también responsabilizan a la Policía Nacional por el uso de la violencia y armas de fuego en el desbloqueo, lo que causó la reacción del comandante general de la Policía, general Óscar Nina.
Nina, el jueves 26, en una conferencia de prensa, rechazó las conclusiones de las investigaciones y descalificó ambos informes porque considera que se basan en supuestos y no en hechos concretos.
Asimismo, acusó a uno de los abogados de la APDHB, Jorge Quiroz, de ser un ex policía peruano con antecedentes en el narcotráfico. Ayer, el Primer Mandatario aseguró que en su gobierno nunca se instruyó el uso de armamento para acabar con la vida, y que el Órgano Ejecutivo rogó por el diálogo en Yungas.
Morales también explicó que hubo presión desde la APDHB por iniciar el desbloqueo de la carretera hacia Caranavi, que dejó aislada a esa localidad yungueña por 12 días. De la misma forma, pidió a la APDHB y al Defensor del Pueblo indagar el uso de armas durante el operativo, tras argumentar que también existieron policías heridos.
El Mandatario también denunció que se tienen pruebas, como documentación y fotografías, de funcionarios de la embajada americana reunidos con dirigentes de Caranavi, a los cuales se habría financiado las protestas, que empezaron el 26 de abril con el pedido de la instalación de una procesadora de cítricos en Caranavi y no en Alto Beni.
Conflicto surgió por una fábrica
Bloqueo
El 26 de abril, pobladores de Caranavi bloquearon la vía principal en demanda de la instalación de una procesadora de cítricos.
Operativo
Entre el 7 y 8 de mayo la Policía desbloqueó la vía tras violentos enfrentamientos en el lugar.
Abogados denuncian otro allanamiento
Claudia Lecoña y Jorge Quiroz, esposos y abogados que investigaron los hechos violentos de Caranavi para la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), denunciaron que su domicilio fue allanado ayer por efectivos antidrogas. El día anterior su bufete también fue requisado.
La denuncia de la pareja fue expuesta ante la jueza 4° de Sentencia, Susana Leytón, quien atendió el recurso de acción de libertad que interpusieron contra el comandante de la Policía, general Óscar Nina, y la rechazó.
Lecoña y su esposo Jorge Quiroz, peruano nacionalizado boliviano, acusan a Nina de ejercer una persecución en su contra, luego de conocerse el informe sobre Caranavi de la APDHB, en el que se apuntan errores de la Policía en la intervención que hicieron al bloqueo de colonizadores, entre el 7 y 8 de mayo, luego de dos semanas de movilización, y en la que murieron dos personas.
Nina ratificó ayer que Quiroz es buscado por la Policía Internacional. «Cuando tenía el grado de teniente, Quiroz fue dado de baja por la Policía Nacional del Perú y es buscado por la justicia de su país», dijo a la ABI. Agregó que Quiroz se infiltró en la APDHB.
Al referirse a este caso, el ex defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, calificó de un acto de «represión fascistoide» el allanamiento de la oficina de los dos abogados, reportó la ANF.
