La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Yolanda Herrera, denunció ayer el intento de impedir que activistas de esa organización testifiquen sobre los hechos de Caranavi, entre abril y mayo.
«Hay información respecto a que militantes de base, en coordinación con la presidenta de Derechos Humanos de La Paz, Amparo Carvajal, habrían sufrido allanamiento de oficinas por supuestos delitos que habrían cometido. No queremos creer que se pretende presionar y cerrar la voz de los defensores y defensoras de los Derechos Humanos en el país», declaró Herrera a la Red Erbol.
requisas. El viernes 27, efectivos antidrogas allanaron las oficinas de los abogados de la APDHB Jorge Quiroz y Claudia Lecoña, que elaboraron el informe de Caranavi, región en la que dos personas murieron en enfrentamientos con policías. Quiroz y Lecoña denunciaron que el sábado la Policía allanó también su domicilio.
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, justificó los allanamientos y aseguró que se tenía la autorización judicial. Cuestionó los informes sobre Caranavi de la APDHB y del Defensor del Pueblo, por contener datos imprecisos.
Chávez responsabilizó de los enfrentamientos, entre el 7 y 8 de mayo, a los dirigentes de Caranavi por no dialogar. En respuesta, Esteban Tola, ex ejecutivo de los Colonizadores de Caranavi acusó a las autoridades del Gobierno de mentir y negó algún tipo de financiamiento de Usaid.
