El oficialismo definió que el control social no tendrá un carácter vinculante y aún estudia si el mecanismo de fiscalización social contará con un soporte económico del Estado.
El senador del MAS Eugenio Rojas aseguró que el control social no puede usurpar funciones de la Contraloría, la Asamblea Legislativa o el Órgano Judicial, por lo que su labor será de control y seguimiento de las instituciones del Estado boliviano.
La Constitución Política del Estado reconoce diez atribuciones al control social, entre ellas, participar en la formulación de las políticas del Estado, apoyar a la Asamblea Legislativa en la construcción de leyes, desarrollar el control social a todos los niveles del Gobierno y formular informes que fundamenten la solicitud de revocatoria de mandato.
Rojas explicó que aún está en debate si recursos públicos financiarán al control social y si los miembros del control social recibirán o no un salario.
La diputada Ninfa Huarachi (MAS) afirmó que los miembros del control social «no deben percibir un salario de las arcas del Estado; hay que ver otros ingresos». El Consejo de Participación y Control Social presentó un proyecto que prevé inmunidad para los miembros de ese mecanismo.
