La Paz – El defensor del Pueblo, Rolando Villena, calificó de «recintos penitenciarios de mínima seguridad» a las carceletas habilitadas en las áreas rurales y demandó la atención de los servicios básicos y la mejora inmediata de su infraestructura.
En su investigación sobre el «Estado de situación sobre derechos humanos de las personas privadas de libertad en recintos penitenciarios del área rural», realizada en 20 de 36 penales rurales de siete departamentos del país, advirtió las precarias condiciones de infraestructura, hacinamiento y vulneración de los derechos, donde las mujeres son las más afectadas.
En el informe Defensorial se da cuenta que el 75,6% de la población penitenciaria está con detención preventiva, el 95% de la infraestructura son adaptaciones para albergar a los internos, no hay condiciones de habitabilidad, e identificó a las carceletas de Riberalta, Guayaramerín, Yacuiba y Montero como las peores.
«Si esta situación no mejora en el menor tiempo posible (en los cuatro recintos más afectados), el cierre sería lo más aconsejable, porque no se puede tener a personas sufriendo un cautiverio que no tiene nombre», señaló Villena.
Con esta situación, lamentó que no se cumpla con el propósito del régimen penitenciario, que es el de reinsertar a las personas privadas de libertad en la sociedad.
Llamó la atención a siete entidades, como la Dirección General de Régimen Penitenciario, Dirección de Seguridad Penitenciaria, Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Defensa Pública, gobernaciones departamentales, Tribunal Supremo de Justicia y las Defensorías de la Niñez, a ejecutar acciones para «mejorar las condiciones infrahumanas» que se padecen en estos lugares y que vulneran derechos constitucionales.
