La aplicación de la justicia indígena originaria debe restringirse a ver delitos establecidos a partir de sus usos y costumbres, aseguró Cecilia Ayllón, diputada del MAS, en respuesta a la propuesta de que la justicia indígena participe en procesos relacionados con narcotráfico, corrupción o terrorismo.
El proyecto de Ley de Deslinde Jurisdiccional que socializa el Gobierno prevé que las autoridades de la jurisdicción indígena coordinarán y cooperarán a la justicia ordinaria en materias como genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, trata y tráfico de personas, delitos contra el Estado, corrupción, tráfico de armas, narcotráfico y crimen organizado.
«La justicia indígena originaria es en base a usos y costumbres, y que yo sepa, no hay usos y costumbres referidos a temas de narcotráfico, a temas de contrabando, a temas de terrorismo y a temas que no hacen a los usos y costumbres de un pueblo indígena originario campesino», cuestionó, según reportó Fides.
El senador oficialista Eugenio Rojas también descartó que las atribuciones de juzgamiento indígena se extiendan a delitos propiamente de la justicia ordinaria.
«No trataría el tema narcotráfico, asesinato, contrabando, tampoco trataría temas que afecten la seguridad del Estado, los intereses del Estado. Estamos viendo que sería en coordinación con la justicia ordinaria», explicó el legislador del oficialismo.
