Las denuncias opositoras como judicialización de la política y violación de derechos humanos trascendió las fronteras e incluso generó un pronunciamiento de rechazo de un senador chileno. La oposición pidió al Parlamento Europeo una investigación.
El presidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) y senador de la UDI, Jovino Novoa, acusó al gobierno de Evo Morales de realizar una persecución política contra sus detractores, entre los que mencionó al ex presidente Jorge Quiroga Ramírez.
El Gobierno está usando a los tribunales para acallar a la oposición. La situación es de la mayor gravedad, sostuvo el legislador en Santiago, según reportó ANF.
En La Paz, los senadores de la opositora Convergencia Nacional remitieron una carta al Parlamento Europeo para que envíen una misión que audite los procesos judiciales contra ex autoridades bolivianas de tal manera de determinar si se ajustan o no a la normativa legal vigente.
La senadora Elba Pinker, junto a su correligionario Marcelo Antezana, informó sobre la decisión de enviar y entregar la carta. El senador Franz Choque cumplirá esta misión en Europa.
«El control sin precedentes de otros órganos del Estado le ha permitido al Gobierno definir la transitorialidad de magistrados, tribunos, vocales electorales, jueces y fiscales que ahora utiliza para perpetrar sucesivas violaciones a los derechos humanos, libertades civiles y derechos políticos de los ciudadanos», denunció.
Antezana explicó que se busca que la comisión realice auditorías a los procesos judiciales encaminados a senadores, gobernadores, alcaldes y líderes opositores.
Presunción de inocencia
Los administradores judiciales y las leyes impuestas por el Ejecutivo han modificado el procedimiento penal y la economía jurídica boliviana, estableciendo sanciones que vulneran principios internacionales de derecho como la presunción de inocencia, la irretroactividad de la ley, imponiendo la imprescriptibilidad a los procesos por supuestos delitos económicos, cuando sólo se aplica en caso de delitos de lesa humanidad y aplicando el juzgamiento en ausencia.
Varios candidatos y dirigentes de oposición abandonaron el país ante la ausencia de garantías y otros tantos gobernadores y alcaldes han sido judicializados y suspendidos del cargo.
