Después de dos años de la violencia desatada en Porvenir, Pando, los pobladores de esa localidad y de las comunidades aledañas aún viven con la inseguridad y el temor, según señala un estudio del Instituto de Terapia de Investigación sobre Secuelas de la Tortura y Violencia Estatal (ITEI).
El 11 de septiembre del 2008, en la localidad de Porvenir (Pando), se registró un enfrentamiento entre cívicos y empleados de la Prefectura de Pando contra campesinos. En la pelea fallecieron al menos 13 personas de ambos bandos. La Fiscalía acusó e hizo detener el 18 de septiembre del mismo año, en la cárcel de San Pedro, al ex prefecto de ese departamento, Leopoldo Fernández, a quien posteriormente imputó, junto a más de una veintena de personas, como responsable de lo sucedido.
Mientras el proceso judicial continúa en la Corte Superior de Justicia de La Paz, Andrés Gautier, director del ITEI, realizó al menos seis visitas a 14 poblaciones cercanas a Porvenir y Riberalta (Beni), en las que recogió testimonios de personas y verificó la situación en la que se encuentran.
Inseguridad. «La sensación de inseguridad se mantiene. Por ejemplo, en Porvenir las personas cuentan que, hasta ahora, los sicarios y los francotiradores que han visto actuar (en septiembre del 2008) siguen caminando en libertad y en cualquier momento, según la situación política, (ellos) pueden utilizar sus armas letales para intervenir», señaló Gautier.
Agregó que los pobladores de Porvenir indicaron que evitan salir de sus casas por las noches para resguardar su seguridad. Incluso dijeron que los sicarios relatan en los bares a cuántas personas mataron durante el conflicto del 11 de septiembre.
Estas personas, afines a los cívicos pandinos, fueron denunciadas ante instancias judiciales, pero igual siguen libres, manifestó.
La presencia policial en Porvenir aún es considerada baja, debido a que no aumentaron. Gautier indicó que en Nueva Esperanza la situación es más crítica, porque esa zona es considerada tierra de nadie, ya que interactúan grupos madereros, contrabandistas y narcotraficantes.
Además, Gautier afirmó que en la población hay una sensación de olvido porque después de los hechos violentos ocuparon importantes espacios en los medios de comunicación en los dos meses siguientes, pero después no recibieron nada.
Estado. Durante la visita hecha por el ITEI, se verificó que se carece de caminos; de medios de comunicación, como telefonía fija o móvil; de postas sanitarias y médicos; además de escuelas y maestros. Gautier sugirió que para ayudar a los pobladores de esta zona, las autoridades de gobierno, especialmente el Ministerio de Salud, deben implementar una terapia en los pobladores, encaminadas a la salud corporal y psicológica.
La gente del lugar denunció que los traumas del enfrentamiento aún continúan. Identificaron que entre los niños se registran pesadillas y susto cuando se escucha la explosión de un petardo; mientras que entre los adultos se hace evidente la depresión, ansiedad, el aumento de la violencia intrafamiliar y la elevación del índice de consumo de alcohol.
Otro hecho que el ITEI verificó es que las personas que fueron heridas durante el conflicto no recibieron ayuda y esto hizo que sus familias estén más expuestas a la pobreza porque no tienen la misma capacidad de trabajo para el sustento de las personas que dependen de ellos.
El ITEI busca financiamiento de organismos internacionales para implementar una terapia en los habitantes de la zona afectada por la violencia del 11 de septiembre. Con este proyecto pretende trasladar médicos y psicólogos para los damnificados.
Fernández rechaza racismo
El ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, negó ayer que la violencia en Porvenir haya sido una manifestación de racismo de parte de su gobierno regional hacia los campesinos y normalistas. Indicó que en el caso de los estudiantes, su administración entregó la sede educativa y dio becas.
En el juicio contra Fernández se dio lectura a la acusación
El juicio oral contra el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y otras 25 personas acusadas de la muerte de 13 personas en Porvenir (Pando), sigue llevándose en el Tribunal 6° de Sentencia de La Paz que escuchó la fundamentación acusatoria.
Tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares del caso pidieron ayer al juzgado la máxima sanción penal contra Fernández y para los otros ejecutores, varios de ellos detenidos preventivamente.
Luego de las audiencias llevadas a cabo en la mañana y en la tarde, el abogado defensor de Fernández, Carlos Brito, afirmó que ni la Fiscalía ni las acusaciones particulares habían otorgado elementos que justifiquen la acusación contra su defendido.
Entretanto, Leopoldo Fernández dijo no sentirse culpable de nada porque no tenía ninguna responsabilidad en los hechos de hace dos años.
«En el transcurso del proceso demostraremos al Tribunal que no hay sustento en las acusaciones. No tuvimos participación y vamos a desvirtuar lo que dice el Gobierno que sabe que no soy culpable», declaró. Culpó a las autoridades del Ejecutivo de las muertes registradas, debido a que —aseguró— organizó la marcha campesina hacia Cobija.
Campesinos exigen un feriado y una renta vitalicia
Las federaciones campesinas de Pando pidieron a la Asamblea Legislativa que declare feriado departamental al 11 de septiembre y al Órgano Ejecutivo, una renta vitalicia y mensual para las víctimas de la violencia del año 2008 en Porvenir (Pando).
El pronunciamiento 001/2010 de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando y la Federación Departamental de Mujeres Campesinas «Bartolina Sisa» solicita al Órgano Legislativo apruebe una disposición normativa para declarar feriado departamental con iza de bandera a media asta en memoria de la masacre de Porvenir.
La resolución 001/2010 de estas organizaciones sindicales solicita al Gobierno la aprobación de una disposición normativa que otorgue una renta pecuniaria mensual y vitalicia a quienes padecen de algún tipo de discapacidad física por esa acción.
El 30 de agosto pasado, Miguel Racua, una de las víctimas de Porvenir, quien recibió cinco disparos, contó que luego de salir de la clínica donde lo curaron recibió apenas «unos kilitos de harina, azúcar, frascos de aceite»; el año pasado, «una pequeña dotación de arroz, azúcar y aceite» de parte de la Prefectura (Gobernación) pandina» y una Organización No Gubernamental le dio una cocina, un colchón y utensilios».
«Hay otras personas, como yo, que no reciben nada. Hasta ahora no hay nada de la ayuda que el Gobierno prometió», enfatizó en una entrevista con La Razón.
