El ex prefecto de La Paz Alberto Chito Valle fue trasladado ayer de La Paz a Sucre. Está detenido en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde espera la audiencia que definirá hoy si se queda allí para que se defienda en el juicio que le siguen.
En medio de un operativo sorpresivo, Valle llegó a las 10.35 al aeropuerto Juana Azurduy de Padilla de la ciudad de Sucre, en un vuelo comercial. Inmediatamente después, con una fuerte custodia policial, fue trasladado hasta el penal de San Roque, donde permaneció por alrededor de 45 minutos.
El 20 de agosto Valle fue capturado en Lima, Perú, debido a que era buscado por el juicio de responsabilidades que tenía pendiente por la supuesta malversación de $us 17 millones cuando era prefecto de La Paz (1997-1999). Fue expulsado del vecino país el 30 de agosto y llegó al aeropuerto de El Alto la madrugada del 1 de septiembre.
Ayer, hasta su arribo a la cárcel de Sucre, se desconocía sobre una orden judicial para que el ex prefecto permanezca en ese recinto penitenciario. Incluso el subcomandante de la Policía departamental de Chuquisaca, coronel Gualberto Albornoz, admitió la falta de coordinación con el Ministerio Público. Esa incertidumbre provocó que el fiscal de recursos, Orlando Riveros, se haga presente en el mismo penal.
Corte. Posteriormente, Valle fue llevado hasta la Corte Suprema de Justicia, lugar donde fue notificado con una decisión del presidente de la Corte Suprema, Julio Ortiz, autoridad que dispuso que, en calidad de custodia, permanezca en dependencias de la FELCC de Sucre. Cuando faltaban pocos minutos para el mediodía, fue remitido hasta la Policía, donde pasó la noche a la espera de la audiencia de este martes.
«Ahora lo que corresponde es que la Corte Suprema asuma una decisión en la audiencia de medidas cautelares que está fijada para la tarde (de hoy) y no podemos adelantar criterio, aunque ya se sabe que él debe quedarse en Sucre, toda vez que es la sede del tribunal que lo va a juzgar», expresó el presidente del Poder Judicial, Julio Ortiz.
Por su parte, el fiscal de recursos, Orlando Riveros, se mostró sorprendido por el operativo que adelantó por 24 horas el traslado de Valle a Sucre y aseguró que se lo hizo «por razones de seguridad». Agregó que la presencia de Valle en el penal sólo fue para que sea observado por un médico forense y luego fue conducido a la Suprema.
Riveros explicó que en la audiencia de hoy, Valle debe estar presente con sus abogados. Luego, el Ministerio Público y la Gobernación de La Paz harán conocer su pedido de que se emita una nueva orden de detención preventiva, esta vez en el penal San Roque. Después tocará el turno de la defensa para que, finalmente, el Tribunal tome la decisión sobre la detención en La Paz o en Sucre del ex prefecto paceño.
Fiscalía. El fiscal general del Estado, Mario Uribe, lamentó la decisión de la Corte Suprema de recomponer el tribunal de juzgamiento contra Valle y dijo que esto complica al Ministerio Público. «Ojalá que podamos encontrar a los testigos que, lamentablemente, es difícil y muy complicado», sostuvo.
Uribe dijo que todo el trabajo desarrollado por su equipo de fiscales, en la producción de prueba y el conseguir los testigos, «lamentablemente, quedó en la nada por la decisión de Tribunal». Agregó que no comparte esa decisión, pero la respeta y acatará la determinación.
Al respecto, el presidente de la Suprema dijo que no quedaba otra opción. «Procesalmente hablando no teníamos otra opción de reconformar el Tribunal. Si era otro tribunal teníamos que empezar de cero, desde la etapa preparatoria, debíamos retrotraer a fojas cero», indicó.
La pasada semana, la Sala Plena de la Corte Suprema determinó reconformar el tribunal de juzgamiento sobre la base de tres ministros del primer tribunal. Aumentaron siete miembros.
El proceso contra el ex prefecto
El ex prefecto de La Paz, Luis Alberto Chito Valle, es juzgado en la Corte Suprema de Justicia de la nación en un juicio de responsabilidades reconocido en la anterior Constitución Política del Estado. La Fiscalía lo acusa por dos hechos conocidos como «Chitochatarra» y adjudicación de bienes del ex Banco Minero.
El primer caso está referido a la venta de parte del parque automotor de la Prefectura, donde se habría producido un daño económico de cerca de $us 310.000. Se lo acusa de cometer los delitos de conducta antieconómica, falsedad ideológica y contratos lesivos al Estado.
El segundo está relacionado con la adjudicación de bienes del ex Banco Minero en liquidación, donde se denunció que hubo un daño económico de alrededor de $us 7,1 millones, debido a que habría incurrido en los delitos de uso indebido de influencias, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.
Antes de la fuga de Valle del país, producida entre el 20 al 23 de marzo del 2009, el Ministerio Público había presentado 153 de las 213 pruebas, acción con la que había concluido con la presentación de la prueba más importante. Tras ese paso, en el juicio sólo restaba la presentación de las pruebas de descargo por parte del abogado defensor del ex prefecto Valle.
Posteriormente, y como último paso, al tribunal le restaba ingresar a la etapa de conclusiones del juicio y dictar la respectiva sentencia contra el acusado.
