La noche del martes 7 de septiembre, María durmió con la cabeza y la espalda encima de un colchón. Elevó las piernas y los pies; su cuerpo se convirtió en una línea diagonal. Estaba castigada y aún debe permanecer encerrada en el calabozo de la cárcel de San Sebastián.
El calabozo, más conocido como el bote, es un espacio tan pequeño que ni siquiera cabe un catre de una plaza. En este rincón descansa un colchón doblado en la cabecera y es donde las castigadas, como María, deben pasar las noches y los días de castigo.
Las paredes internas están pintarrajeadas con nombres de mujeres. No hay ni una ventana y el único resquicio por donde ingresa algo de luz es bajo la puerta negra de metal. Después de aquella noche del martes 7, María salió de su encierro hasta tres veces en una jornada: en la mañana, la tarde y la noche. En uno de sus ratos libres habló con La Razón.
«Sí, lo acepto, he fallado, me han pillado cuando he tomado un poquito de alcohol con refresco», comenta la interna mientras intenta calentarse con el sol que se filtra en el penal de San Sebastián. Entre el suelo del reclusorio y el cielo celeste de la ciudad de Cochabamba hay hileras de ropa secando en las cuerdas.
Todo ocurrió el domingo 29 de agosto, cuando la reclusa y dos amigas recibieron una ración de alcohol y la mezclaron con refresco. «Era el día que festejamos a la Virgen de Urkupiña», aclara Juana, la compañera de María y la próxima en ocupar el bote. Al calabozo llegaron varias de las 177 internas del reclusorio de San Sebastián… una de ellas es Lizeth.
Lizeth tiene 19 años. Es delgada, morena, con los ojos oscuros y brillantes; es dueña de un cabello largo amarrado en una cola de caballo que le baja por la espalda. Tiene una sonrisa pícara y las manos ágiles. Es como una niña grande.
Ella se encuentra en la prisión de San Sebastián porque se deshizo de sus dos hijos y luego intentó quitarse la vida. Sólo cometió dos de los crímenes que se propuso. En el penal dicen que se vio obligada por su ex marido; pero él ahora se encuentra libre y nunca la fue a visitar. Es más, Lizeth no recibe visitas.
«Acá no estamos bien, no hay espacio para vivir más o menos de una forma aceptable. ¿Acaso piensan que somos animales para meternos a todas así?», pregunta la quillacolleña que está encerrada desde junio del año pasado y aún no tiene sentencia.
La «zona» donde duerme Lizeth es conocida como Barrio Lindo. Allí, en una habitación están lado a lado cuatro catreras de dos pisos donde se acomodan las internas con sus pertenencias. Inés, otra privada de libertad, ofrece un dato más: «Nos dan unos 50 centímetros de espacio donde podemos colocar nuestras cosas. Imagínese… y eso que el Barrio Lindo es el mejor que existe aquí, claro, aparte de los individuales».
Uno de los peores sitios es la Zona Roja. Las paredes son de madera y hay agujeros en los techos. Por las noches rondan los chulupis y hay quienes aseguran que vieron ratas.
La gobernadora Hilda Gonzales también lamenta la presencia de las plagas: «Habían fumigado antes, pero esto habría provocado que se procreen más los chulupis».
En estos días, cuenta que hará un pedido a la Gobernación para volver a fumigar la zona. Pero, lo que más le preocupa es el hacinamiento de las internas: «El espacio físico de la cárcel es bastante pequeño, no es apto para la gente que está acá». Su oficina se ubica a la entrada del recinto que es custodiado por 34 efectivos del orden.
Según la Gobernación, en el penal están 177 privadas de libertad junto a 70 hijos. Todos comparten menos de 600 metros cuadrados de superficie. Un dato más: hay 11 baños para casi 150 personas. Las mujeres de San Sebastián tienen más hijos; pero la mayoría (cerca de 180) fueron enviados a hogares.
La guardería ocupa todo el tercer piso del recinto y permanece repleta de menores, aunque la mayoría no quiere separarse de sus mamás. «Yo no sé dónde voy a dejar a mi hijo (de dos años) cuando tenga que cumplir mi sentencia en el calabozo», dice Juana, quien brindó por la Virgen de Urkupiña y debe purgar 10 días en el bote.
Ella no sabe nada de la visita de una comisión de Naciones Unidas para quejarse sobre sus problemas. De ocho entrevistadas, ninguna sabe acerca de la comitiva.
Según Inés, las únicas personas que velan por el bienestar de las internas son ellas mismas. De ahí que pusieron en marcha un sistema de colecta. Así, cuando llega una nueva al penal, ésta debe pagar entre Bs 100 y 400 por ubicarse en alguna zona de San Sebastián. Mientras las visitas pagan un boliviano al entrar.
Ese dinero es un fondo común para colaborarse entre ellas mismas. «Cuando hay alguien que se enferma y hay que llevarla al hospital o cuando falla algún foco, o ante cualquier desperfecto, ellas usan su dinero», explica una policía que guarda en reserva su nombre.
En San Sebastián, las reclusas también ven la manera de ganarse la vida. Por ejemplo, hay nueve lavanderías, una panadería, servicios de planchado, una cafetería (son sólo dos mesas unidas donde caben seis personas) y otros servicios.
Según cuentan, no se entrega «ni un boliviano a la Policía». Poco antes de las cinco de la tarde del jueves 9, María empieza a despedirse de sus amistades. Debe retornar al calabozo. «Ni modo, a quién más me puedo quejar», dice a modo de despedida.
En busca de un recinto carcelario
El 20 de febrero de 1985 se firmó la Ley 720. En su artículo 1 dice: «Créase el fondo especial denominado ‘Construcción de la Penitenciaria de Cochabamba y Centro de Rehabilitación de Farmacodependientes’».
Se denominó a esta agrupación como el Comité Pro Cárcel. Esta entidad destina los valores y bienes incautados para la construcción de una cárcel. El Comité ya dejó de funcionar. Hasta el primer semestre del 2010 había la intención de hacer un gran recinto carcelario.
