Después de más de cuatro meses, el subcomandante de la Policía de La Paz, coronel Roberto Tórrez, denunció que en el conflicto de Caranavi, en mayo, se sustrajeron armas de fuego del puesto policial y que una de ellas no fue devuelta.
El informe sale a colación por la muerte de dos jóvenes por disparos de armas de fuego y siete policías heridos, que se dieron entre el 7 y 8 de mayo en la vía a Caranavi, durante una acción policial de desbloqueo de esa ruta que estaba obstruida por dos semanas por parte de los colonizadores.
«En los inventarios que se realizaron cuando quemaron la Policía y la Escuela Básica Policial de Caranavi, existe la pérdida de rifles y escopetas que ellos tenían para capacitar en la Escuela y también para cuidar el penal de Caranavi», manifestó Tórrez.
Manifestó que las armas que se sustrajeron no fueron devueltas hasta después de los enfrentamientos. Incluso, sostuvo, todavía falta una de las escopetas que desaparecieron.
Ante la pregunta de si esas armas pudieron haber sido utilizadas en contra de las víctimas del enfrentamiento, Tórrez respondió que «las investigaciones van a definir esa situación». Según un informe preliminar de balística, hecho conocer por el fiscal Luis Mamani, el disparo contra una de las víctimas mortales salió del lado policial. Además, indicó que el arma utilizada sería de calibre 12 mayor, un arma de uso policial.
Para despejar dudas, el fiscal que lleva el caso, Carlos Fiorilo, aseguró que la comisión de fiscales realizará un peritaje balístico e investigativo en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), en la Unidad de Polivalentes y en los Distritos Policiales 1 y 2 que participaron en el operativo con sus uniformados, con el objetivo de saber de dónde se sacó el arma homicida en este caso.
«Si uno obtiene cualquier activo de una institución, ese activo de propiedad de la institución debe estar registrado», explicó Fiorilo.
Tórrez se presentó ayer ante la comisión de fiscales que investiga las muertes de Fidel Hernani y David Calizaya, para prestar sus declaraciones informativas. Asimismo, declararon los coroneles Cristóbal Ramos, Julio Cruz y Gailer Zurita, quienes también participaron en esa acción policial. Mientras la Policía asegura que en el operativo no se utilizaron armas de fuego, testigos de la intervención aseguran lo contrario.
Luis Achu, dirigente de la Federación Agraria Provincial de Colonizadores de Caranavi (FAPCC), identificó al comandante de la Policía departamental, Ciro Farfán, como la persona responsable de la muerte de Fidel Hernani. El jefe policial aludido le llamó «mentiroso» al sindicalista y le retó a que presente pruebas documentales y el instrumento del delito para probar sus denuncias.
Dirigente niega el robo de armamento
El representante de la Federación Agraria Provincial de Colonizadores de Caranavi (FAPCC), Gustavo Aliaga, negó que en la toma de la Policía y la Escuela Básica Policial de Caranavi se hubieran sustraído armas de fuego.
«La toma se realizó porque ingresaron los policías a Caranavi. Pero ahí no había armas porque ya ellos conocían con anticipación que esa unidad iba a ser avasallada. Por eso sacaron todo el armamento que tenían y sólo quedaron muebles y algunos utensilios», informó.
Expresó que si hay alguien que dice que se robó armas, tendrá que demostrarlo e identificar a los culpables. «Es irresponsable decir que hubo robos de armamento de parte de colonizadores, si no presentan pruebas», añadió. No obstante, recordó que había testigos oculares que vieron que policías dispararon a la población, los que ahora son perseguidos y tienen temor de aparecer muertos.
Aliaga sostiene que el deceso de Mario Hernani y David Calizaya, entre el 7 y 8 de mayo de este año, se produjo luego de las tomas de los recintos policiales. Pero el informe que presentó el Defensor del Pueblo, sobre este caso, señala que el incendio de los puestos policiales fueron en represalia de la primera muerte.
En su «relación de los hechos», establece que «la noticia de la posible muerte de Hernani se tradujo en el incendio no sólo de las instalaciones del Comando Provincial, la Escuela Básica y la Patrulla Caminera, sino de la residencia del diputado David Quispe, la de un concejal electo y la caseta de la empresa TurBus Totaí, de propiedad del senador Fidel Surco».
