En entrevistas por separado concedidas a La Razón, el fiscal general de la Nación, Mario Uribe, y el consejero de la Judicatura, Rodolfo Mérida, coincidieron en que la justicia se encuentra en estado crítico. Reafirmaron este criterio los fiscales de distrito de La Paz y Cochabamba, Betty Yañíquez y Camilo Medina, además de otras autoridades judiciales del eje.
Según los datos proporcionados por el consejero Mérida, el sistema judicial funciona con 729 juzgados de los «al menos 800» que se necesitan, lo que hace que la carga procesal llegue a extremos prácticamente insostenibles, como ocurre en La Paz, donde según fuentes judiciales existen casos en las que una sola autoridad llega a atender hasta más de 1.000 casos por mes.
Retardación «La retardación de justicia también es atribuible a la falta de jueces; si antes un juez resolvía, por ejemplo, cien causas, ahora tiene que resolver doscientas. Por lo tanto, es humanamente imposible que este juez pueda solucionar este tema (la retardación)», señaló en Sucre el consejero Mérida.
«Hay que reforzar el número de jueces y juzgados, pero además se debería desconcentrar el tema de la justicia», opinó al respecto el presidente de la Corte Superior de Distrito de La Paz, Williams Alave.
Según Mérida, a este problema se suma la falta de recursos suficientes y de infraestructura adecuada. «El Poder Judicial requiere de nueva infraestructura, por ello estamos planteando al Gobierno que pueda ayudarnos para la implementación del Foro Judicial, que contempla la construcción del Palacio de Justicia para el Tribunal Constitucional, Palacio de Justicia para el Tribunal Agroambiental y la Escuela de Jueces», complementó.
Uribe hizo una evaluación prácticamente calcada sobre la institución que dirige interinamente desde octubre del 2006.
«En mi criterio puedo señalar puntualmente que el sistema de administración de justicia ha colapsado, existe insuficiente número de jueces para una gran carga procesal», afirmó, cuando fue consultado sobre un informe que publicó La Razón el lunes 20, en el que se indica que cerca del 75% de los internos de las cárceles del país, más de 6.000, no tienen sentencia.
«El fiscal realiza su trabajo de investigación, emite Requerimiento Conclusivo y llega a la acusación, pero tropieza con dificultades, debido a que debe esperar meses y hasta años para el señalamiento de fecha y hora de inicio de juicio oral. A ello se suma la problemática de un insuficiente número de fiscales con relación a la carga procesal», dijo.
NECESIDAD Al referirse al número de representantes del Ministerio Público, Uribe explicó que en Bolivia hay 425 fiscales, número que consideró » insuficiente» en relación al crecimiento de la población y de los índices de criminalidad.
Dijo que el Ministerio Público, para una efectiva persecución penal, requiere, además de los ya existentes, un fiscal por cada municipio, es decir 337 fiscales más.
Yañíquez señaló que, en el caso de La Paz, existen 160, «pero se necesita aumentar el número en 20%». El fiscal de Distrito de Cochabamba, Camilo Medina, dijo que se necesitan 200 fiscales en ese departamento, pero sólo hay 72, por lo que cada uno de ellos suele atender entre 400 a 1.000 casos.
En el plano económico, Uribe sostuvo que para mejorar las condiciones de la Fiscalía se requiere un presupuesto de Bs 208 millones, Bs 116 millones más de los 92 millones que les fueron asignados en el presupuesto 2010.
«Con ese incremento se podrá cubrir principalmente gastos de investigación, fortaleciendo las áreas especializadas como son la Fiscalía en Persecución de Delitos de Corrupción, de Sustancias Controladas, Aduanas, Trata y Tráfico de Personas y Atención a la Víctima Testigo», acotó.
En cuando a vehículos, afirmó que en este caso trabajan con pocos motorizados, que además tienen desperfectos mecánicos porque son modelo 1985. Ocurre lo mismo con los equipos informáticos.
«Es una pena comentarlo, más aun cuando se supone que el Fiscal debería contar con los instrumentos necesarios, con tecnología de punta, incluida la red internet, pero existe la necesidad de renovar el equipamiento ya que el 80% de los equipos está obsoleto», señaló. Se indicó que incluso se siguen usando máquinas Pentium I y Pentium II.
También se requiere de nuevos ítems para la Inspectoría General, puesto que no hay un solo ítem y aún se necesitan para los colaboradores de esta autoridad a nivel nacional.
Personal calificado para el IDIF
El fiscal general del Estado, Mario Uribe, señaló que, para mejorar el sistema judicial, también hace falta dotar al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de profesionales especializados, de peritos entendidos en diferentes áreas, principalmente para respaldar investigaciones que afectan al patrimonio del Estado.
