Los esposos y abogados Jorge Quiroz y Claudia Lecoña anunciaron ayer que demandarán al viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por faltar al menos a tres normas al haber publicado intimidades de la pareja.
Farfán acusó el martes 7 de septiembre al abogado Quiroz y a su esposa Lecoña, defensores de los familiares de las víctimas del caso Caranavi, de haber cometido delitos de extorsión a un fiscal, uso indebido de influencias, proxenetismo y apología del delito. Para ello mostró videos como pruebas, conseguidos de una computadora confiscada en el allanamiento a su oficina y a través de la red internet.
El mismo martes, Quiroz rechazó las acusaciones e indicó que muchas pruebas eran trucadas por la autoridad y que, además, habían mellado la dignidad de su persona y la de su esposa, violando artículos de la Constitución Política del Estado (CPE), de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra La Mujer, normas ratificadas por el Estado.
«Lo que han buscado desde un inicio ha sido sacarme del caso Caranavi. Por eso han invadido nuestra privacidad y han infringido varias normas que nos protegen. Uno de los derechos fundamentales del hombre es la intimidad y nadie puede violar ese derecho. No sólo es un derecho natural, sino constitucional y lo hecho por el Viceministro (Farfán) es violatorio de esos derechos», declaró.
Juicio. En ese marco, anunció que sumará a Farfán a la denuncia que ya presentó ante el CIDH, donde figura Óscar Nina, comandante de la Policía Boliviana, y donde estará también el presidente Evo Morales, quien reveló que fue él quien mandó intervenir la oficina de los abogados.
Quiroz afirmó que, al querer descalificarlo de la investigación del caso Caranavi, referido a las muertes de Fidel Hernani y David Calisaya en mayo durante un desbloqueo realizado por la Policía, Farfán violó el artículo 14 de la CPE, sobre tratos degradantes a las personas y el 21, sobre privacidad e intimidad principalmente.
A su vez, Claudia Lecoña calificó de «actitudes bajas y repudiables» las supuestas revelaciones realizadas por Farfán sobre ella, y lo acusó de haber transgredido el artículo 4 de la Convención Interamericana sobre la violencia contra la mujer sobre el respeto a su dignidad; el artículo 8 sobre el respeto a la mujer en los medios de comunicación.
«Vamos a denunciar todos estos actos a las organismos internacionales que protegen a la mujer porque no puede ser posible que actúen de una manera totalmente arbitraria y fuera de límite. Estas personas que se han prestado a estas bajezas van a responder ante una autoridad internacional y van a pagar por toda esa vulneración de derechos humanos», advirtió.
Añadió que a ella y su esposo los protege el artículo 5 sobre la integridad personal de la Convención de los Derechos Humanos; el artículo 8 sobre la presunción de inocencia; y el artículo 11 sobre la protección de la honra y la dignidad.
Explicó que la demanda internacional ha sido planteada porque desconfía de la justicia boliviana y duda de que si presenta una demanda penal «pueda ser siquiera admitida». «Por eso vamos a tomar otro tipo de acciones y acceder ante las organizaciones que protejan a las mujeres de estos poco hombres que han sacado a la luz informaciones que han obtenido de manera ilegal», declaró.
Quiroz anunció que como víctimas del Gobierno, realizarán una «petición internacional para que se garantice nuestro libre desenvolvimiento en nuestro país y supongo que luego la Comisión Interamericana ya va tener que notificar al Órgano Ejecutivo».
Lamentó que haya una intromisión y una indiferencia total de la justicia y expuso que era lo más probable que si se querellaran en la justicia boliviana, «podríamos ser nosotros mismos los sancionados», pero que de todos modos esa actitud emprendida no iba a quedar impune. Aclaró que los delitos de orden privado como injuria, calumnia y difamación, están contemplados en el Código Penal boliviano.
El Defensor del Pueblo anunció que el caso sería analizado al más alto nivel dentro de la institución, para tener mayores elementos con la finalidad de pronunciarse al respecto. El Defensor interino, Jaime Quiroga, calificó de serias las acciones y sostuvo que se iba a velar por el respeto de los derechos humanos y en este caso, a preservar el derecho a la dignidad.
Sin nexos con droga
La FELCN aún no demuestra que los abogados Quiroz y Lecoña hayan expendido sustancias controladas, tal como denunció cuando allanó la oficina de la pareja.
Los asambleístas critican la actitud
El senador opositor Bernard Gutiérrez lamentó que el Gobierno utilice mecanismos fuera de la legalidad para descalificar a las personas que «han tomado un compromiso con la investigación de los hechos de Caranavi». La diputada Adriana Gil teme que esa intromisión de parte del Gobierno a la vida privada de las personas se repita contra los periodistas, los opositores o los empresarios. «Hay que ponerle freno a eso», sostuvo.
La diputada oficialista Betty Tejada consideró que todas las autoridades deben regirse en el marco Constitucional y lamentó que algunos «no estén marcando la línea muy clara respecto a lo que debe ser una actuación responsable».
El senador Fidel Surco (MAS) descalificó a Quiroz, señalando que había varios indicios de cobros como abogado en otros procesos. Surco declarará hoy ante la Fiscalía sobre su participación en el desbloqueo de la vía a Caranavi, en mayo, donde murieron dos jóvenes.
