Organizaciones sociales afines al MAS plantean que las comunidades rurales se beneficien con transferencias directas no reembolsables de dineros del Gobierno central, gobernaciones y municipios. La propuesta está inscrita en un proyecto de ley.
La propuesta de ley se denomina la Década Productiva y cuenta con el aval del presidente Evo Morales, aseguró el diputado del MAS Luis Alfaro, quien explicó que aún no se definió qué porcentaje de los recursos de las diferentes instancias del Estado irán a las comunidades rurales.
El artículo 9 de la iniciativa refiere: «se autoriza al Gobierno nacional, gobiernos autónomos departamentales, gobiernos autónomos municipales, gobiernos autónomos regionales y gobiernos autónomos indígenas originarios campesinos, la transferencia directa no reembolsable de recursos públicos a las comunidades del área rural».
No se establece las fuentes para la transferencia, ni los porcentajes, aunque Alfaro anticipó que «los recursos provendrán del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) o de las regalías de los municipios o gobernaciones».
La propuesta nació de la oficialista Pacto de Unidad, integrada por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Indígena del Oriente de Bolivia, (CIDOB), la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas-Bartolina Sisa (CNMC-BS) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq).
El ministro de Autonomía, Carlos Romero, explicó que no conoce en detalle la propuesta, aunque consideró que se debe revisar el soporte legal de la norma y el diagnóstico sobre la inversión pública a nivel nacional y departamental.
Para Alfaro, la transferencia directa de recursos no reembolsables a las comunidades rurales corregirá los bajos niveles de ejecución presupuestaria. Mientras que para el dirigente campesino Roberto Coraite, la iniciativa permitirá «cubrir las múltiples necesidades que tienen las comunidades indígenas originarias campesinas, que han sido abandonadas por las diferentes administraciones departamentales».
La asambleísta departamental de Camino al Cambio (CC) por Tarija, Sara Cuevas, recordó que en este departamento ya existe una iniciativa parecida a través del programa Prosol, que —sostuvo— financió el 2009, 783 iniciativas productivas comunales.
El proyecto de ley prevé que los dineros se distribuirán en función al número de familias y con aval de la comunidad. El primer filtro de fiscalización de los dineros transferidos será el control social y, posteriormente, se dará paso a las instancias llamadas por ley, señala la iniciativa.
Socializan la propuesta de ley
El Pacto de Unidad socializa la ley en los nueve departamentos. «Mañana (hoy) estaremos en Cochabamba para explicar los alcances de la norma a los hermanos campesinos e indígenas. Esta ley debe ser consensuada con todos los sectores», informó Alfaro.
35% de inversión al área rural
El proyecto de Ley de la Década Productiva, una vez aprobado, obligará al Gobierno y a las entidades autónomas asignar un monto no menor al 35% de sus presupuestos de inversión a la producción agrícola, pecuaria, pesquera y forestal en las diferentes comunidades rurales.
«Los gobiernos departamentales deben tener en cuenta que la demanda de las comunidades es importante, ya que el área rural es la fuente de los alimentos que se consume en las grandes ciudades», explicó la dirigente de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas-Bartolina Sisa (CNMC-BS), Julia Ramos.
El diputado del MAS Luis Alfaro explicó que la inversión en áreas estratégicas del área rural contribuirá al desarrollo económico, productivo y social.
«Se dispone que el Gobierno nacional, gobiernos autónomos departamentales, gobiernos autónomos municipales, gobiernos autónomos regionales y gobiernos autónomos indígenas originarios campesinos, asignen del presupuesto de inversión un monto no menor al 35% a la inversión neta para la producción agrícola, pecuaria, pesquera y forestal», refiere el artículo 8 de la iniciativa legal.
El asambleísta de la agrupación Verdes, Alcides Villagómez, informó que la Gobernación cruceña supera el porcentaje fijado. «Nuestra política agropecuaria asegura entre el 50 y el 60 por ciento de la seguridad alimentaria del país», explicó.
