Luego de recibir por tres horas declaraciones del gobernador Rubén Costas en el caso de presunta compra ilegal de 40 vehículos, la Fiscalía decidió que las pruebas de cargo y descargo sean revisadas por un auditor. El informe del perito definirá si se imputa o no a la autoridad.
El Gobernador de Santa Cruz aseguró que la compra del lote de motorizados en su condición de prefecto, el 2007, se ajustó a las normas y procedimientos de ley, por lo que calificó de político el proceso judicial en su contra.
La Contraloría del Estado denunció ante la Fiscalía la compra irregular de 40 camionetas Nissan, por valor de 6.320.000 de bolivianos. La demanda refiere que la adquisición no fue presupuestada y que se usó dineros del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que no son para esas compras.
La fiscal del caso, Carla Barrón, informó de que, además de Costas, declararon la directora Administrativa, Miriam Cecilia Limpias; el director de Presupuesto, Fernando Soria Galvarro; el secretario de Hacienda, José Luis Parada, y el secretario General de la Gobernación, Rolando Aguilera.
La Contraloría presentó «dos legajos ampulosos de documentos que respaldan la sindicación y la empresa Nibol (que vendió los vehículos) también hizo llegar los documentos de la venta, pero ningún funcionario de la Gobernación presentó documentos de descargo», informó la fiscal.
No obstante, explicó que estos documentos y los descargos que presente la Gobernación serán revisados por un auditor, quien en 40 días elaborará un informe en el que se establecerá si se actuó o no conforme a la ley.
«Se trata de términos muy técnicos; análisis financieros, partidas presupuestarias, decretos específicos, programas internacionales. Se necesita apoyo específico y, una vez que tengamos esta información, veremos qué se determina», anunció Barrón.
Las declaraciones del gobernador se extendieron por cerca de tres horas, al cabo de las cuales, en contacto con la prensa, insistió en que la compra se sujeta a las normas legales. Es acusado por malversación de fondos, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica; delitos que tienen condenas de hasta 8 años.
«Hay una ley (el 2007), donde declara la emergencia y permite que se utilice el uno por ciento del presupuesto; el tema de seguridad ciudadana que está contemplado por el IDH no es sólo Policía, ni es solamente cárceles, es proteger ciudades enteras, como la construcción de defensivos para prevenir inundaciones», justificó Costas.
Añadió que las camionetas fueron acondicionadas para ayudar en situaciones de desastres. El Consejo Departamental aprobó la compra, afirmó.
Proceso por la consulta autonómica
El gobernador Rubén Costas enfrenta otro proceso legal por el uso de recursos públicos en el referéndum sobre los estatutos autonómicos. El vicepresidente, Álvaro García, y el fiscal del caso terrorismo, Marcelo Soza, también lo acusan por desacato.
