La Paz
La Fiscalía General del Estado probó la responsabilidad de dos ex ministros y cinco militares involucrados en el denominado juicio por Octubre Negro, donde más de 60 personas perdieron la vida y otras 400 resultaron heridas de bala el 2003.
Se «ha demostrado en forma vehemente todos los aspectos de la acusación, en todos los delitos por los que son acusados los ex ministros Adalberto Kuajara y Erick Reyes Villa, y la autoría mediata de los miembros del ex Alto Mando Militar, los militares Roberto Claros, Juan Véliz Herrera, Gonzalo Rocabado Mercado, Luis Aranda Granados y José Quiroga Mendoza», informó ayer la agencia estatal de noticias en base a una cartilla informativa enviada vía digital por esa entidad judicial.
La misma explica que las pruebas corroboran que los acusados tenían el control y voluntad de los ejecutores, es decir de quienes ejercieron la represión con instrumentos de guerra, mediante operaciones militares contra la población civil.
La Fiscalía General también recuerda que entre los grandes ausentes de este caso está el principal acusado, Gonzalo Sánchez de Lozada, ex presidente de Bolivia (2002-2003), y nueve de sus más estrechos colaboradores que huyeron hacia Estados Unidos y Perú.
«No dejan de ser importantes, porque fueron los principales actores de esos sucesos, formaron parte de un gabinete ministerial que ha colaborado, que ha emitido decisiones políticas y esas determinaciones han generado la muerte de estas personas», dice la cartilla.
Por otra parte, informa que el Ministerio Público demanda de la Cancillería mayor empeño y esfuerzo para que los trámites de extradición (de los implicados), que hace años fueron despachados, tengan un resultado.
Los prófugos que tienen que ser entregados por Estados Unidos son: Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague; de Perú, Yerko Kukoc, Mirtha Quevedo, Javier Torres Goitia, Guido Áñez, Jorge Torres Obleas, Dante Pino Archondo y Hugo Carvajal.
El fiscal de Recursos, Milton Mendoza, declaró a La Razón el 12 de octubre que el Ministerio Público presentó a 327 testigos entre ex presidentes, sacerdotes, dirigentes campesinos, vecinales, periodistas, médicos, además de ex jefes de la Policía y también de las Fuerzas Armadas, y peritos en balística, planimetría y medicina forense. Asimismo, se presentó 1.500 pruebas documentales (certificados forenses y otros).
