Cinco leyes y cuatro proyectos de ley perfilan un nuevo andamiaje institucional con la creación de al menos 40 nuevas reparticiones estatales. Un analista advierte de más burocracia, pero el oficialismo afirma que es parte del proceso de descolonización.
Las leyes de Lucha Contra la Corrupción, Autonomía, Órgano Electoral, Órgano Judicial y de Lucha Contra el Racismo, además de los proyectos de ley, en debate legislativo, de Unidades Territoriales, de Juegos de Lotería y de Azar, de la Década Productiva y de la Procuradoría prevén la creación de las nuevas reparticiones, según recuento hecho por La Razón.
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Wálter Chávez, consideró que la ciudadanía debe entender que el Estado requiere de nuevas instituciones para encaminar su funcionamiento al amparo de la Constitución Política del Estado, vigente desde febrero del 2009.
De hecho, el presidente, Evo Morales, anunció que se requerirán de al menos 100 leyes para estructurar el nuevo Estado. El jueves, en la ciudad de El Alto, recordó que hasta el momento se aprobaron alrededor de 40 normas del paquete que se proyecta poner en vigencia. «Hoy son muy pocas las leyes para poner en marcha la Constitución», sostuvo Chávez.
Entre las leyes aprobadas se encuentra la de Autonomías, que prevé la creación de instancias como el Consejo Nacional de Autonomía, Consejos de Coordinación Sectoriales y el Servicio Estatal de Autonomía. La norma responde a la vigencia del modelo autonómico, que establece un Estado con autonomías departamentales, municipales, regionales e indígenas.
Para el analista político, Iván Arias, si bien un nuevo Estado necesita de instituciones nuevas, el problema radica en que «las nuevas instituciones se guían por un color y siguen siendo burocráticas». «Se están creando instituciones que van a ser fuentes de empleo para gente que apoya al Gobierno. Hoy, la gente vive del Estado», cuestionó el analista.
La ley del Órgano Electoral, constituido como un cuarto poder a partir de la vigencia de la Constitución, también prevé la apertura en marcha de instituciones como el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, el Servicio de Registro Civil (Sereci) y la Unidad Técnica de Fiscalización.
La recientemente promulgada ley de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, también crea instancias nuevas como el Comité Contra el Racismo y Discriminación, la Comisión Contra el Racismo y la Comisión Contra la Discriminación.
La diputada del MAS Marianela Paco no comparte el criterio de que se incrementará la burocracia con las nuevas reparticiones estatales. «La burocracia hace a un aparato estatal neoliberal», consideró la legisladora.
Chávez informó que el Tesoro General de la Nación (TGN) cubrirá los gastos que demande el funcionamiento de las entidades creadas y las que se crearán, aunque explicó que alguna de ellas existía bajo el antiguo sistema, y lo que se hará es readecuarlas.
Por ejemplo, dijo, el Instituto de la Judicatura será reemplazado por la Escuela de Jueces. Paco explicó que, en el caso del Comité Contra el Racismo, ninguno de sus miembros recibirá un salario.
Oposición dice que la gestión estatal se verá afectada
Según el frente opositor en la Asamblea Legislativa, Convergencia Nacional (CN), afirma que la creación de nuevas reparticiones incrementará la burocracia estatal en desmedro de la gestión. Los parlamentarios consideran que ésta situación va en contra del discurso de austeridad del presidente del Estado, Evo Morales.
Luis Felipe Dorado, diputado de CN por Santa Cruz, aseguró que el Gobierno sólo apunta a incrementar el aparato estatal y no así a optimizar el trabajo de las actuales entidades estatales. «Ellos están ensanchando el gasto público y la burocracia estatal está creciendo», insistió.
El 2008, la cifra de funcionarios públicos en Bolivia alcanzó a 142.029, según el número de declaraciones juradas de la Contraloría General. El 43% (61.331 funcionarios) están en La Paz, A La Paz, le sigue Cochabamba, con 19.894 declaraciones juradas, 14%; en el tercer lugar está Santa Cruz, donde declararon sus bienes y rentas 17.036 funcionarios, es decir un 12%.
El senador cochabambino por CN, Bernard Gutiérrez, coincidió con Dorado sobre el riesgo de un mayor incremento en el número de funcionarios públicos. «Si se revisa leyes como la Ley del Órgano Electoral o la de la Procuradoría, se verá que existen varias entidades a ser creadas».
De acuerdo con Gutiérrez, a partir de la aprobación de nuevas leyes en el país, se dará paso a una nueva generación de burocracia con un «espíritu centralista». La forma de aprobación de leyes también fue criticada por Gutiérrez. El oficialismo no dio tiempo para el debate, cuestionó.
