Al menos dos casos de supuesta corrupción fueron hallados en la Dirección Departamental de Bienes Incautados (Dircabi) de Cochabamba, a raíz de la pérdida de vehículos y la transferencia irregular de inmuebles. Ambos casos son investigados, mientras el Director de Dircabi del Valle fue suspendido.
El lunes 25, el jefe distrital de Dircabi Cochabamba, José Torrico Orellana, fue alejado del cargo por supuestas irregularidades en la administración de bienes incautados al narcotráfico.
Este hecho estaría vinculado a la pérdida de dos vehículos confiscados por Dircabi Cochabamba. «Se ha hecho una inspección específica porque había denuncias de dos camiones», afirmó ayer a La Razón la directora nacional interina de Dircabi, Lina Acho. La autoridad aseguró que su oficina dispuso iniciar una revisión de los inventarios de los bienes confiscados en el departamento de Cochabamba.
Acho negó que Dircabi Cochabamba haya sido intervenida a raíz de las denuncias en contra de Torrico. Aseguró que esa institución funciona de manera normal y que las investigaciones serán las que señalen si hubo o no complicidad en el caso. «Es posible que existan implicancias con algún inspector», aseveró.
En enero de este año, Dircabi Cochabamba fue intervenida y tres funcionarios fueron destituidos por el desmantelamiento de vehículos. Dircabi Nacional instruyó, ese mes, la investigación para dar con el dinero, joyas y químicos decomisados al narcotráfico y que habrían sido mal administrados por la oficina regional.
En los últimos días se sumó otra denuncia relacionada con Dircabi Cochabamba. En ésta se sospecha de una red de corrupción en la que estarían involucrados funcionarios de Derechos Reales, de la Alcaldía y de Dircabi Cochabamba para extorsionar a narcotraficantes, según una denuncia del Consejo de la Judicatura.
Pesquisa. Acho argumentó que la denuncia estaría en la Unidad de Transparencia de Cochabamba y que una investigación aportará más detalles sobre irregularidades en la regional. «El mandato presidencial es de cero corrupción», advirtió la Directora nacional interina de Dircabi, quien acotó que, a nivel nacional, constantemente se realizan operativos sorpresa en las ocho oficinas de Dircabi, con excepción de Potosí.
De acuerdo con el artículo 71 de la Ley 1008, el Estado puede confiscar tierras donde se fabriquen sustancias controladas, además de inmuebles, muebles, enseres, armas, dineros y valores, medios de transporte, equipos, materias primas y laboratorios y cualquier medio que haya servido para elaborar, procesar, fabricar y transportar sustancias controladas.
Según Acho, muchos de los vehículos decomisados por Dircabi son alquilados u otorgados en comodatos a instituciones para un fin social. Según datos de Dircabi Santa Cruz, del 100% de bienes confiscados, cerca del 90% vuelve a sus propietarios.
La denuncia en el Valle
La demanda contra el ex jefe de Dircabi Cochabamba, José Torrico, por la pérdida de dos vehículos sería interpuesta hoy ante la Fiscalía del Valle. Una comisión de Dircabi Nacional investiga la existencia de otros casos en la regional valluna.
Redactan nueva ley para bienes confiscados
La Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) planteó ayer la necesidad de reformar algunas normas legales en el país por ser permisivas. Esa dirección redacta una Ley Especial de la Dircabi para fortalecer a la institución.
«Estamos tratando de cambiar la norma que ha sido heredada del neoliberalismo porque es muy permisiva y eso sí provoca corrupción», dijo la directora nacional a.i. de Dircabi, Lina Acho. Entre las normas observadas está el Código de Procedimiento Penal (CPP), que en sus artículos 253 al 263 se refiere al accionar de la dirección de control de bienes.
Según Acho, la norma hace de Dircabi «un ente de custodia provisional de bienes». El CPP regula la labor de Dircabi, en conformidad al Código Penal y la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.
Una preocupación de Acho es que la Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal N° 007, promulgada en mayo pasado, no estaría siendo aplicada en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. «Dircabi se constituiría en una institución donde realmente podamos administrar los bienes», afirmó.
Seis casas transferidas ilegalmente
Seis bienes inmuebles incautados al narcotráfico aparecieron como propiedades de terceras personas. El Consejo de la Judicatura sospecha de la existencia de una red de corrupción que realizaba esta labor para extorsionar a los propietarios, acusados de narcotráfico, a cambio de que no pierdan sus inmuebles.
En el Consejo de la Judicatura se cree que la presunta red de corrupción estaría integrada por empleados de Derechos Reales, de Catastro Municipal de la Alcaldía del Cercado y de la misma Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi).
Johnny Ledezma, presidente del Consejo de la Judicatura, explicó que tras una primera denuncia «está comprobado que existe una banda de personas dedicadas a legitimar estos bienes». Indicó que el primer paso era identificar inmuebles abandonados o confiscados. El primer paso, agregó, se origina en la Alcaldía donde se identifican los bienes inmuebles abandonados y se empieza a crear una serie de documentos, como comprobantes de pago de hace inclusive 20 ó 30 años.
Luego aparecen las propiedades a nombre de terceros, en Derechos Reales, con documentos falsos de compra venta y, al final, exigen dinero a los dueños para exigirles dinero.
El primer caso se denunció el 22 de agosto, con una casa de una familia Montecinos. El Ministerio de Transparencia recibió un sobre con copias de los papeles irregulares. La red será investigada por falsedad material y legitimación de ganancias ilícitas.
