252 casos de corrupción ocasionaron un daño económico al Estado de 1.040 millones de dólares. Del conjunto de hechos, el 80 por ciento corresponde a gobiernos anteriores a Evo Morales, mientras que el resto a los últimos cuatro años.
La información la proporcionó la ministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, durante el taller sobre el Plan de Acción de Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, realizado en La Paz.
«Nosotros hemos presentado 252 denuncias al Ministerio Público y el daño económico causado es de 1.040.184.850 dólares. Una suma alta con la que se hubiera podido construir siete hospitales de tercer nivel o se hubiera podido construir el 70 por ciento de la doble vía La Paz-Oruro», explicó.
El 12 de octubre, Suxo presentó un informe a la Comisión de Política Social de Diputados, donde reveló que de los 252 casos de corrupción, 85 se registraron en municipios, 27 en prefecturas, 19 en la Policía y el resto en ministerios de Estado, instituciones descentralizadas, Asamblea Legislativa, YPFB, Aduana, entre otras.
Suxo reconoció que el Gobierno tiene «dificultades» en la lucha contra la corrupción en las entidades públicas. «No tenemos aún instituciones fuertes para llevar adelante la lucha contra la corrupción, me refiero al órgano jurisdiccional y al Ministerio Público», expresó Suxo.
El 80 por ciento de los 252 casos corresponde a gestiones anteriores a la de Morales y el 20 por ciento a esta gestión, explicó.
Estudio. De 150 países objetivo, Bolivia se encuentra en el puesto 110 del Índice de Percepción de la Corrupción correspondiente al año 2010 de la organización no gubernamental Transparencia Internacional. El 2009 fue ubicado en el puesto 120 de la lista.
La ministra Anticorrupción cuestionó los indicadores de percepción que utiliza Transparencia Internacional. «Las preguntas que hacen para calificar los niveles de corrupción son, ¿si usted se pasa la luz roja del semáforo? o ¿usted vota basura en la calle?», criticó.
Ante esta situación, planteó la creación de un mecanismo de control de los avances en la lucha anticorrupción en la región. «Se está trabajando con la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para contar con un índice en la región, para ver cómo estamos avanzando», adelantó.
El representante de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Bolivia, Eduardo Reina, informó que el organismo internacional tiene «una tarea pendiente de cómo crear indicadores para el tema de corrupción».
Convención contra este flagelo
Bolivia es parte de la Convención Interamericana Contra la Corrupción desde el año 2001. Este mecanismo tiene como objetivo central promocionar el buen gobierno de los Estados y el sistema más amplio de cooperación contra la impunidad y contra la corrupción.
Se apuesta al control social
La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, informó que el control social, una vez se apruebe la ley que lo pondrá en marcha, será un mecanismo fundamental para combatir la corrupción en el aparato público.
«Tenemos que demostrar que Bolivia tiene una fuerte base de organizaciones sociales y que trabajan en el proyecto de Ley del Control Social, que demostrará que los bolivianos sí sabemos hacer control social sin intereses políticos ni económicos», afirmó.
Para el representante de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Bolivia, Eduardo Reina, Bolivia registró avances en la lucha contra este flagelo.
«La Constitución boliviana aborda el tema de lucha contra la corrupción con mecanismos como la participación ciudadana y el control social. Además de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y los procesos de instalación de unidades de transparencia. Son avances positivos que reflejan la voluntad política del Estado contra la corrupción», sostuvo.
Suxo denunció que el ex prefecto Manfred Reyes Villa construye edificios en Estados Unidos con dineros de la corrupción.
