La justicia falló ayer en contra del gobernador cruceño, Rubén Costas, y decidió que debe asumir defensa en La Paz, en el juicio que le sigue el vicepresidente Álvaro García por desacato. La Fiscalía inició el trámite para la fecha de audiencia cautelar, donde se definirá su suerte.
A las 10.20, la jueza Cuarto de Instrucción en lo Penal de La Paz, Margoth Pérez, emitió la resolución de rechazo del recurso de excepción de incompetencia en razón de territorio, presentado por la defensa de Costas, que alegó que el proceso debe ir a Santa Cruz, ya que el supuesto delito se cometió en esa jurisdicción.
García inició en julio el juicio por desacato, luego de que venciera un plazo de dos días para que el Gobernador presente pruebas y una denuncia ante la Fiscalía en su contra, por supuestamente recibir dineros del narcotráfico. El Vicepresidente afirmó que Costas dañó su honorabilidad con esa denuncia falsa.
El artículo 162 del Código Penal refiere que la figura de desacato corresponde cuando se calumnia, injuria o difama a un funcionario público. La sanción es la privación de libertad de un mes a dos años, pero si los actos fueran dirigidos contra el Presidente, Vicepresidente, ministros o un miembro del Congreso, la sanción será agravada en la mitad.
A la audiencia, que comenzó a las 09.20, no asistió Costas, quien estuvo representado por sus abogados Nelson Quintana y Luis Fernando Roca. La parte acusadora estuvo integrada por la fiscal Patricia Santos y los asesores legales de la Vicepresidencia
La defensa recordó que se tomó declaraciones al Gobernador en Santa Cruz, por lo que éste es un antecedente para que el caso radique en esa jurisdicción. Santos respondió que esa toma de declaraciones tuvo efecto a nivel nacional.
Fallo. El abogado Roca consideró que no existe ningún daño a la imagen del Vicepresidente, por vivir en una sociedad democrática. «El Gobernador de Santa Cruz es la primera autoridad política del departamento y opina abiertamente sobre las actuaciones de funcionarios públicos, y él también está plenamente abierto a recibir críticas», sostuvo.
La jueza Pérez refirió que el rechazo al pedido de trasladar el proceso a Santa Cruz es viable en la medida que el Ministerio Público de La Paz inició la investigación. Además, dijo, un solo juez conoció este proceso.
Minutos después de emitida la resolución judicial, Santos anunció que solicitará hora y fecha para la audiencia de medidas cautelares, donde se definirá la situación legal del Gobernador cruceño. La fiscal evitó adelantar si solicitará la detención del acusado, en la audiencia cautelar.
El representante legal de la Vicepresidencia, Héctor Ramírez, expresó que esperan que Costas se haga presente en la ciudad de La Paz y demuestre sus acusaciones. «Que demuestre lo que ha manifestado en contra del Vicepresidente», exigió.
Costas, el miércoles, anticipó que no se trasladará a La Paz para asumir su defensa. Afirmó que no se «corre de ir a la ciudad de La Paz», pero pidió respetar la jurisdicción. Él fue elegido el 4 de abril Gobernador de Santa Cruz. Entre 2006 y 2009, integró, en su calidad de prefecto, el Consejo Nacional Democrático (Conalde) de línea contraría al gobierno del presidente Evo Morales.
Roca tildó el proceso de político e insistió en que, mientras la causa esté en La Paz, el Gobernador no se presentará. «Él va a estar presente cuando se lo convoque ante autoridades que considera competentes, esto es en la ciudad de Santa Cruz».
El abogado también anunció que apelarán la decisión de la jueza, porque «la resolución es incorrecta». El fiscal del caso terrorismo, Marcelo Soza, también inició un proceso por desacato contra Costas, quien lo acusó de chantajear.
Procesos contra la autoridad
-El 9 de julio, el vicepresidente Álvaro García presentó la denuncia por desacato en contra del Gobernador cruceño.
-El 13 de julio, el fiscal del caso terrorismo, Marcelo Soza, también demandó por desacato a Costas, quien lo calificó como «bufón» y lo acusó de chantajear a los vinculados en el proceso.
-El Ministerio Público también le sigue un proceso por el uso de recursos públicos en el referéndum para la aprobación de los estatutos autonómicos. La autoridad departamental, en reiteradas ocasiones, defendió la legalidad de la consulta.
