Autoridades del Gobierno le exigieron pruebas al arzobispo de Cochabamba, monseñor Tito Solari, sobre su denuncia pública referida el tráfico de drogas por parte de jóvenes en el trópico de Cochabamba. Le pidieron pruebas concretas para actuar.
El monseñor Tito Solari expresó su preocupación por la actividad de algunos jóvenes de secundaria del trópico de Cochabamba que —según dijo— salen de sus casas en las noches y regresan con dinero, se compran motocicletas o tienen los celulares modernos. Relacionó la tarea de menores chapareños con el narcotráfico.
También aseveró que, por las noches, en la zona se escucha el sobrevuelo de avionetas, aeronaves de las que se desconoce si pertenecen a autoridades del Gobierno, a las fuerzas de control antinarcóticos o si responden a otra naturaleza.
Ayer viernes, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, aseguró en La Paz que iba a actuar inmediatamente, si el monseñor Solari presentaba la denuncia con pruebas contundentes.
Carta. «Vamos a cursar una carta al monseñor Solari para que nos informe con precisión en qué lugar, hora, día y quiénes son los responsables de esto, para procesarlos penalmente. Estos temas tienen que ser denunciados inmediatamente, no se puede guardar silencio ante la comisión de un delito. Nosotros vamos a actuar con el mayor rigor de la ley», indicó Llorenti.
Para el Ministro de Gobierno, la denuncia del Arzobispo a los medios de comunicación fue abstracta, por lo que calificó su declaración como «mediática» y poco operativa.
El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, le recordó a Solari que si poseía ese tipo de información, tiene la obligación de denunciar el delito ante el Ministerio Público, para que se inicie una investigación seria. «Si sabe de algo, como dice la ley y como es obligación de todo ciudadano, debe denunciarlo al Ministerio Público para que sea ese mecanismo, que es parte de la estructura del Estado, que investigue esa denuncia», dijo.
Por lo pronto, señaló que el Gobierno está poniendo todo el esfuerzo para luchar contra el narcotráfico y que está trabajando en la erradicación de la hoja de coca excedentaria.
«En este último punto, tenemos resultados alentadores. Hay un compromiso internacional de erradicar un poco más de 5.000 hectáreas de cultivos de coca. Ya hemos superado las 7 mil y queremos llegar a las 8 mil. Esa es una muestra de la voluntad del Gobierno de luchar contra esta tragedia», argumentó Saavedra.
El martes, la Asamblea de Obispos de Bolivia, reunida en la ciudad de Cochabamba, demandó al gobierno de Evo Morales, medidas coercitivas y de control estricto a la producción y comercio a la hoja de coca, porque tendría relación con el narcotráfico.
Entretanto, el asambleísta departamental de Cochabamba y dirigente cocalero Édgar Tórrez, del Movimiento Al Socialismo (MAS), rechazó las declaraciones del monseñor Tito Solari y le acusó de no tener moral para ninguna crítica de esa magnitud a los sectores cocaleros.
«En el trópico de Cochabamba se realiza un control estricto del narcotráfico por medio de la disciplina sindical. Rechazamos rotundamente la actitud de Tito Solari. ¿Qué moral tienen los padres (sacerdotes católicos) si ellos cometen actos de inmoralidad?», se preguntó.
El representante aseveró que el 23 de noviembre, durante la realización del ampliado extraordinario de la coordinadora de las seis federaciones del trópico cochabambino, pedirán pruebas contundentes a Solari de esta denuncia y, de no existir éstas, tomarían medidas, aunque no especificó cuáles.
Lo que dijo monseñor Tito Solari
Caso
«El monseñor Tito Solari recibió las denuncias de religiosos, padres de familia y maestros del trópico cochabambino.
Posición
«No es una denuncia contra el Gobierno, ni una denuncia contra nadie», señaló Solari, quien reiteró su preocupación.
Menores son empleados como ‘tragones’
Entre el 2008 y 2009, 25 adolescentes del trópico de Cochabamba fueron detenidos y procesados por traficar drogas, según reportes de la responsable de la Defensoría Municipal de la Niñez y Adolescencia del Cercado, Cira Castro. Ellos fueron contratados para transportar cocaína como «tragones», «pisa coca» o «campanas», les aseguraron que por su edad no serían procesados, pero igual recibieron condena, dijo Castro.
Las sumas por estas tareas son ínfimas, agregó, los adolescentes recibieron un pago de entre Bs 100 y Bs 200. Explicó que «los adolescentes son más proclives a ser captados por el narcotráfico, generalmente son de familias de escasos recursos y, por tener dinero, podrían hacer lo que les pidieran».
En ningún caso se dio con las personas que contratan a los menores. «Ellos se ocultan, les dicen yo te espero en Cochabamba, en la parada, no dan nombre ni referencias, entonces ellos llegan y es posible que estos sujetos vengan en las mismas flotas. Si detienen a los menores, nadie reclama y son derivados al Ministerio Público. Si los menores logran llegar, los esperan, los llevan a un lugar donde expulsan las cápsulas y les pagan para luego retornarlos a las poblaciones de origen», contó.
En esta gestión no existen datos precisos del número de tragones por el cambio del equipo de abogados de la Defensoría, pero bajaron, entre 2003 y 2005 sumaban 60 casos, el 2007, 20 casos.
