El peruano Carlos Alberto Junco Cáceres, reo del penal de máxima seguridad de Chonchocoro, fue asesinado ayer con al menos 6 tiros de arma de fuego, cuando regresaba de una audiencia judicial al recinto carcelario. Según el fiscal de Homicidios, Daniel Aguilar, la víctima fue herida cerca del mediodía y falleció tras ser trasladado al hospital Corea en la ciudad de El Alto.
«En el levantamiento legal del cadáver se evidenció varios disparos. En los miembros inferiores se ha visto con orificios de salida cuatro disparos, como también en la parte del tórax. Son seis disparos», dijo Aguilar a la agencia ABI.
El fiscal presume que el arma usada fue una de 9 milímetros, de uso reglamentario en la Policía. El comandante de la Policía, general Óscar Nina, dijo que se abrió un proceso investigativo para conocer las causas del asesinato. «Hay una serie de interrogantes que se tiene que responder. Hay que esperar que la investigación termine», dijo.
Félix Segales, comandante departamental de la Policía de La Paz, informó que se busca determinar cómo ingresó el arma al penal, la que habría sido utilizada por el reo Ángel Mantilla. El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, afirmó que se está interrogando incluso al personal de Régimen Penitenciario y de salud de la cárcel. «Una vez tengamos los informes, vamos a actuar con la mayor rigidez», anunció.
La viuda de la víctima, Elba de Junco, culpó al Ministerio de Gobierno por haberlo llevado a ese penal, pese a las amenazas que recibió su marido.
Volvió al penal hace 15 días
Junco regresó hace 15 días al penal de Chonchocoro, donde ya había estado a principios de año, desde la cárcel de San Pedro, debido a su comportamiento violento. El director de Régimen Penitenciario, José Rodríguez, explicó que el traslado se efectuó para precautelar la disciplina en el recinto.
Denuncia que fue un ajuste de cuentas
La abogada de Calos Alberto Junco, Beatriz Segales, presume que la muerte de su defendido se debió a un ajuste de cuentas por el caso de David Olorio, quien fue muerto en celdas policiales luego de ser detenido, bajo sospecha de atracar al peaje de Vías Bolivia el 4 de julio pasado.
«En audiencia, pedimos las garantías porque le pasó lo mismo a Olorio (su muerte). (Junco) me dijo que quería hablar urgentemente con el fiscal Isabelino Gómez, pero estaba en Santa Cruz. Tan sólo pedía garantías para dar información», declaró a la prensa.
Junco tenía un frondoso prontuario desde el año 2009, cuando se descubrió que tenía una orden de extradición de la Corte Superior de Justicia de Perú. En Bolivia estaba acusado por robo agravado, tentativa de asesinato y asociación delictuosa.
