El gobierno de Evo Morales modificará los convenios que suscribió con la Iglesia Católica para retirarle los beneficios de exención impositiva y ejercer control sobre el dinero que administra. Además, asumiría como suyas las propiedades que tiene la Iglesia en Bolivia.
La decisión del Gobierno fue informada por el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, quien justificó la misma en el hecho de que la Constitución Política reconoce la independencia del Estado de la religión, por lo que ninguna iglesia puede tener privilegios frente al resto.
«No puede haber un mínimo de privilegio para la religión católica, eso conlleva a un proceso de revisión de los convenios que tiene el Estado boliviano con el Vaticano y también del Estado boliviano con la Iglesia Católica a nivel nacional. La Iglesia, en el movimiento de sus fondos, tendrá que pagar impuestos; nunca los pagó, y ese es uno de sus privilegios», anticipó la autoridad de Gobierno.
El último convenio marco bilateral fue firmado el 20 de agosto del 2009 en Santa Cruz. Donde el Gobierno se comprometió a «respetar el derecho propietario que tiene la Iglesia Católica en Bolivia sobre los bienes muebles e inmuebles de sus obras de educación, salud y obras sociales (Se entiende por obras de la Iglesia, entre otras: las obras educativas, propias o administradas por la Iglesia Católica que funcionan bajo el Régimen del Convenio».
Un informe oficial da cuenta de que el clero tiene 1.469 establecimientos educativos, 178 centros hospitalarios, 262 centros asistenciales y 250 hogares. Además cuenta con 1.600 parroquias, entre capillas y santuarios como Copacabana, Quillacollo y la Iglesia del Socavón. Este informe revela que por estas infraestructuras la orden católica no paga impuestos ni patentes por la actividad que realiza.
«¿Los templos son de propiedad de la Iglesia Católica o del Estado? Los centros educativos que tiene la Iglesia Católica ¿son de ellos o del Estado boliviano?, asumimos que es de propiedad del Estado boliviano, si (la Iglesia) no se considera una empresa privada con fines de lucro», consideró la autoridad de Gobierno.
Cárdenas argumentó que «no sabemos cómo (la Iglesia) utiliza su dinero, un ejemplo, misas de bautizo o matrimonio, eso se regulará». De acuerdo con el tarifario de la Arquidiócesis de La Paz, una misa para matrimonio cuesta Bs 240; una de salud, Bs 150; un bautizo, Bs 45; una misa para preste, Bs 250 y una misa comunitaria, Bs 20.
Las entidades que administra la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) están liberadas del pago de impuestos a la propiedad y de patentes por las actividades que realizan. Este beneficio está respaldado por los concordatos suscritos entre el Vaticano y el Estado boliviano del 3 de agosto de 1993, que fueron ratificadas con la Ley 1644 del 11 de julio de 1995, promulgada en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Los colegios Don Bosco, Domingo Savio, San Calixto, San Ignacio y Fe y Alegría, por ejemplo, estarían dentro de las exenciones impositivas, al igual que las 1.600 parroquias.
La Universidad Católica Boliviana (UCB), con presencia en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, también está exenta del pago de algunos tributos. Esta casa de estudios, por Ley 1545 del 21 de marzo de 1994, promulgada por Gonzalo Sánchez de Lozada, es reconocida como una universidad pública. El artículo ocho de la referida norma legal establece: «Por ser la Universidad Católica Boliviana San Pablo de interés social, de derecho público y de utilidad nacional, incorporada al desarrollo, se le reconocen las mismas liberalidades arancelarias impositivas que a las universidades públicas estatales».
Las entidades bajo tuición de la Iglesia Católica cancelan el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (ITE) por motivo de las facturas que emiten a sus clientes. Sin embargo, no pagan patentes por las actividades que realizan, ni impuestos municipales por la propiedad del bien inmueble.
La Constitución Política del Estado, vigente desde febrero del 2007, declara que el Estado es independiente de la religión, mientras que la antigua Carta Magna de 1967 establecía en parte de su artículo 3, Religión Oficial, que «El Estado reconoce y sostiene la religión católica, apostólica y romana».
El Gobierno empezará a controlar los ingresos de la institución eclesiástica vía los impuestos y patentes que deberá pagar por sus actividades. La diputada opositora Norma Piérola teme que la sociedad cambie su fe por una posición laica que impulsa el MAS. «Con la supuesta descolonización el Gobierno quiere dañar a instituciones que piensan diferente a ellos y por eso ataca a la Iglesia».
Por su parte, la jefa de bancada del MAS en Diputados, Emiliana Aiza, expresó que la Iglesia Católica debe pagar impuestos como lo hacen todos. «Acá se busca la igualdad de condiciones para todos», concluyó.
Este medio intentó conocer la posición de la Iglesia sobre los anuncios de Cárdenas, pero sus autoridades hicieron conocer que no hablarían del tema. La jerarquía eclesiástica y el Gobierno mantienen una relación compleja. El último viernes, en la asamblea de obispos evangélicos en Cochabamba, se reveló una propuesta en la que el Gobierno pretendería fiscalizar los diezmos que ofrendan sus fieles. Los obispos evangélicos criticaron ésta eventual política que impulsa el Gobierno.
La Iglesia apoyó programas de tierra
Fuentes de la Iglesia Católica, informaron que la institución eclesiástica impulsó un programa de saneamiento de tierras. Por ejemplo, en Chuquisaca, el 2007, colaboró a 63 comunidades beneficiando a 3.000 familias. También la Pastoral del Beni saneó la propiedad agraria en 38 comunidades, alcanzando una superficie de 542.727 hectáreas. Asimismo en Chuquisaca, desarrolla los proyectos Kayamanta y Yanapasiña para apoyar a sectores vulnerables de la población.
Conflicto entre el gobierno y la iglesia
Educación y religión
El conflicto entre el Gobierno y la Iglesia Católica se remonta al 2006, cuando el entonces ministro de Educación Félix Patzi planteó eliminar la materia de religión de la malla curricular. Ese mismo año, el Congreso de Educación, sin la Iglesia Católica, declaró que la educación es laica y pluralista, lo cual motivó la protesta de los católicos.
Observan la Constituyente
En marzo de 2008, la Iglesia Católica publicó 69 observaciones al texto constitucional aprobado en Oruro. El 4 de mayo de ese mismo año, el cardenal Julio Terrazas votó en el referéndum por el estatuto autonómico de Santa Cruz. El Gobierno observó la actitud de la autoridad religiosa y le exigió no meterse en asuntos políticos.
Visita de Morales al Vaticano
El presidente Evo Morales y el Papa Benedicto XVI se reunieron el 17 de mayo en la Santa Sede. En la cita, el Mandatario planteó al Papa acabar con el celibato en la Iglesia. El Sumo Pontífice le habría respondido que los asuntos de la Iglesia son de potestad de sus autoridades. En Bolivia, pidieron al clero no inmiscuirse en temas del Ejecutivo.
La Iglesia habla del Gobierno
Este año, la Asamblea de Obispos advirtió sobre la instauración de una democracia formal, el crecimiento del narcotráfico y la falta de empleo. El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, salió al frente del mensaje de los obispos y calificó a la Iglesia como «antidemocrática» y «machista». Los acusó también de reaccionarios.
Evo critica elección del Papa
El presidente Evo Morales cuestionó el mecanismo de elección del Papa y cuestionó la democracia empleada en el Vaticano. Afirmó que la designación del Sumo Pontífice es «a puertas cerradas… No creo que nos induzcan a practicar esa clase de democracia, la democracia es transparente y no a puertas cerradas».
Solari denuncia narcotráfico
El arzobispo de Cochabamba, Tito Solari, reveló que jóvenes de secundaria del Chapare están vinculados con el tráfico de drogas y que por la noche se escucha el sobrevuelo de avionetas en la zona. El Gobierno rechazó las denuncias y consideró que el prelado asume una actitud política. El presidente lo identificó como el vocero de EEUU.
