El 29 de abril, el gobierno de Evo Morales anunció su retiro del Consejo Internacional de Arbitraje de Inversiones (CIADI).
El 8 de mayo, el entonces embajador para asuntos de Comercio e Integración Pablo Solón informó que el siguiente paso será revisar y renegociar cada uno de los 24 tratados bilaterales de protección a las inversiones firmados por el Estado de Bolivia.
Entre las razones que expuso el gobierno de Morales, está el que el 36 por ciento de los casos atendidos por el CIADI terminaron con un fallo favorable al inversionista privado y 34% de los casos fueron resueltos fuera de la corte, pero con compensación para el inversor.
En los pocos casos ganados por los Estados, éstos no obtuvieron indemnizaciones. También argumentaron que el tramitar un proceso en esta instancia internacional, representa hasta cuatro millones de dólares. Se asegura que el Banco Mundial funge como juez y parte en estos procesos.
