El presidente Evo Morales promulgó la ley 64 y dio nacimiento a la Procuraduría, que defenderá al Estado en litigios nacionales e internacionales. En 60 días operará la institución, que cuenta con $us 2 millones para construir la sede de sus funciones.
«Anteriormente, al Estado lo defendían la sociedad civil y los movimientos sindicales y sociales; desde esta entidad (Procuraduría), esta tarea también se hará por vía legal», explicó Morales, minutos después de promulgar la referida ley en un acto desarrollado en la residencia presidencial.
El Presidente será quien designe al Procurador y a los tres subprocuradores. Las subprocuradurías tendrán a su cargo direcciones especializadas como la de defensa internacional, defensa en materia de inversiones y de derechos humanos.
La nueva institución tendrá sus instalaciones en El Alto. Morales anunció que se cuenta con $us 2 millones para la construcción de la nueva infraestructura que no tiene fecha, aunque ello no impedirá que la entidad entre en funcionamiento en los plazos fijados por ley.
El presidente de Diputados, Héctor Arce, informó que la institución de defensa legal empezará a operar en un plazo de 60 días y tomará la posta que deje el Ministerio de Defensa Legal del Estado, que se encarga de defender los intereses de Bolivia en juicios internacionales.
La ley también da nacimiento a la Escuela de Abogados, que formará a profesionales expertos en temas de defensa del Estado. Un Consejo de Abogados agrupará a los profesionales del sector público, cuya función será la de producir una doctrina jurídica en materia de la defensa estatal.
La ministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi, informó que los funcionarios de esta cartera pasarán a depender de la Procuraduría.
El opositor Movimiento Sin Miedo se pronunció sobre la ley a través de la diputada Marcela Revollo, quien dijo que el Procurador debe defender los intereses del Estado y no del gobierno de turno. «El procurador debería rendir cuentas ante la Asamblea Plurinacional y específicamente ante la Cámara de Diputados, que tiene la representación poblacional del país» y no «al Poder Ejecutivo».
La ley prevé que la Procuraduría dictaminará «sobre la legalidad de los contratos nacionales e internacionales suscritos por las entidades públicas, para lo cual las máximas autoridades de los ministerios remitan antecedentes». El alcalde alteño, Édgar Patana, indicó que el 98% de los abogados de la Alcaldía hacen perder juicios.
