El fiscal Milton Mendoza, que investiga el caso octubre negro, lamentó que por reciprocidad diplomática Perú haya negado extraditar a cuatro de los ex ministros del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y así haya imposibilitado que las ex autoridades sean juzgadas.
La decisión fue tomada en diciembre del 2009 por la juez 13va. de la Corte de Lima, Patricia Mendoza, aduciendo que el pedido boliviano de extradición de Mirtha Quevedo, Jorge Torres Obleas y Javier Tórrez Goitia (más tarde de Dante Pino Archondo), no procedía en reciprocidad a lo que hizo Bolivia cuando negó la entrega de los ciudadanos peruanos Elizabeth Ochoa y Wálter Chávez, quienes habrían pertenecido al MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru).
«La respuesta del Perú (de extradición) es que nos dicen que por reciprocidad, mientras exista el refugio y asilo de los dos (ciudadanos peruanos), no van a poder responder a la demanda de la justicia boliviana. Ése es el nivel diplomático con el que nos manejamos», lamentó Mendoza.
Demanda. El 24 de octubre del 2007, el Consejo de Ministros de Perú aprobó el pedido de extradición a Bolivia de Wálter Chávez Sánchez, ex asesor de comunicación social del presidente Evo Morales. La Corte Suprema de Justicia de Bolivia, en mayo del 2008, negó esa extradición.
Ochoa fue enjuiciada y encarcelada en Bolivia por participar en el secuestro del empresario y ex candidato presidencial, Samuel Doria Medina (1995).
Consultado sobre la reciprocidad de las extradiciones, el abogado de las víctimas, Rogelio Mayta, informó de que la respuesta a la solicitud boliviana del Estado peruano sólo se conoció por los medios de comunicación. «Formalmente, no nos han notificado del rechazo a la extradición. No desistimos en que se pudiera reintentar otra vez, pero en un escenario político diferente. Sin el presidente peruano Alan García, probablemente se tendría un escenario diferente», manifestó.
El fiscal Mendoza, mientras tanto, declaró que la demanda boliviana, de extradición de los ex ministros, no depende de la voluntad de la Fiscalía ni de la Corte Suprema de Justicia (de Bolivia), sino de los resultados que puedan dar las gestiones diplomáticas, «en cumplimiento a los acuerdos bilaterales de ambos países y también en los temas de reciprocidad».
Mendoza se refirió al caso tras explicar que la conclusión del juicio de responsabilidades que se lleva adelante contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, su gabinete ministerial y autoridades militares, se retrasará hasta el mes de enero del 2011.
De este juicio se espera la sentencia para al menos 7 de los 17 acusados que han estado presentes en las audiencias, mientras que 10 de ellos se han refugiado y asilado en países como Estados Unidos (Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, Yerko Kukoc, Jorge Joaquín Berindoague y Guido Áñez), España (Hugo Carvajal) y Perú.
«Contra todos ellos existen demandas de extradición. Va a depender mucho de la diligencia y diplomacia de nuestro país. Estamos a la espera de las respuestas que nos puedan dar. En cualquier momento los tendremos enfrentando a sus víctimas y a la acusación que se les hace por la masacre de septiembre y octubre del 2003», dijo.
Declaración de Morales
El juicio de responsabilidades por octubre negro se encuentra en su etapa final de pruebas de descargo, fase donde el Tribunal de Sentencia en Sucre espera la declaración del presidente Evo Morales, como un testigo de los hechos.
