En medio de una huelga de hambre, movilizaciones y la declaración de un paro cívico, la Asamblea Departamental de Tarija suspendió ayer del cargo al gobernador Mario Cossío, aplicando la Ley de Autonomías que dispone esta figura para autoridades con acusación fiscal.
La resolución de suspensión se leyó a las 22.50 en medio de la protesta de los asambleístas oficialistas que instalaron en la mañana un piquete de huelga de hambre en el pleno del Legislativo. «Asambleístas, no al golpe», «se consuma el golpe», gritaban sin lograr parar la lectura del documento.
Decenas de personas que realizaban una vigilia en puertas de la Asamblea Departamental, también gritaban estribillos como «Mario Cossío, no se va». Nada, empero, frenó la lectura de la resolución, ni el apagón de luz que se registró en el edificio.
Cossío es el primer Gobernador suspendido en aplicación del artículo 145 de la Ley de Autonomías, que prevé se «dispondrá, de manera sumaria y sin mayor trámite, la suspensión temporal de la autoridad…» con acusación fiscal. Este mecanismo ya afectó a varios alcaldes, entre ellos al potosino René Joaquino.
Los gobernadores del Beni y Santa Cruz, Ernesto Suárez y Rubén Costas, respectivamente, también se encuentran amenazados por la norma, ya que existen acusaciones en su contra, aunque aún no una denuncia formal.
A las 8.30 de ayer, los 11 asambleístas del MAS y los cinco de Poder Autonómico Nacional (PAN) lograron el quórum mínimo para instalar la sesión de la Asamblea Legislativa para la suspensión del Gobernador.
Los legisladores del partido de Cossío, Camino al Cambio (CC), hicieron uso de la palabra y a través de María Lourdes Vaca pidieron, sin resultados, la renuncia de la presidenta de la Asamblea, Aloida Vilte (MAS). Minutos después se declaró la sesión en cuarto intermedio y los 11 asambleístas instalaron una huelga de hambre en el pleno; Cossío asumió similar medida de presión en su despacho.
«El mensaje que hemos decidido dar acá, en Tarija, es poner punto final a un esfuerzo permanente de desestabilización y derrocamiento en el que desde algunas semanas estaban muy esmerados los dirigentes del MAS», anunció la hoy suspendida autoridad departamental.
Al mediodía, funcionarios de la Gobernación y simpatizantes del Gobernador protagonizaron una marcha de protesta en la plaza central Luis de Fuentes, donde demandaron respeto al voto y denunciaron que el oficialismo promovió un golpe de Estado. En las elecciones del 4 de abril, 97.726 tarijeños (48,9%) eligieron a su primer gobernador.
A las 21.00 horas, cuando sólo quedaban seis huelguistas, la sesión se reinstaló y se leyó la acusación del fiscal Gilbert Muñoz, por el caso de la compra irregular de asfalto, provocando un daño económico de Bs 1,3 millones al Estado. Después se dio lectura a la resolución de suspensión. La Asamblea, luego de otro cuarto intermedio, deliberó y acordó designar como gobernador interino al masista Lino Condori.
La Policía restringió el acceso de los periodistas a la plenaria y cerca de 150 efectivos resguardaron el frontis de la Asamblea, además de otras instituciones. La justicia también envió a la cárcel a tres choferes que el lunes transportaban personas a una concentración en la plaza principal. Los campesinos se declararon en estado de emergencia, poco antes de que el Comité Cívico de Tarija instruya el paro de 48 horas desde hoy.
Lo que dispone la Ley de autonomías
1. Habiendo acusación formal, el fiscal comunicará la suspensión al órgano deliberativo de la entidad territorial autónoma respectiva, el cual dispondrá, de manera sumaria y sin mayor trámite, la suspensión temporal de la autoridad acusada designando, al mismo tiempo y en la misma resolución, a quien la reemplazará temporalmente durante su enjuiciamiento.
2. Cuando se trate de la Máxima Autoridad Ejecutiva, la autoridad interina será designada de entre las y los Asambleístas y/o Concejalas y Concejales.
Otros dos acusados
Costas está acusado y una ley local es su escudo
El gobernador Rubén Costas enfrenta dos acusaciones por malversación de fondos: una por Bs 10 millones usados en el referéndum autonómico y otra por Bs 30 millones de un supuesto desvío de recursos del IDH. Además, sobre él pesa una acusación por desacato. Una ley regional dispone que la suspensión procede sólo previa sentencia ejecutoriada.
Suárez fue enviado a la justicia ordinaria
La Corte Suprema definió que el gobernador del Beni, Ernesto Suárez, deberá enfrentar un juicio ordinario por la denuncia que existe en su contra por la comisión de los delitos de malversación de fondos, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en el caso de la construcción de un camino vecinal.
