En respuesta a las quejas de los familiares de los desaparecidos en la dictadura de 1980, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, aseguró ayer que los responsables, el ex presidente de facto, Luis García Meza y su ministro del Interior, Luis Arce Gómez, ya están en la cárcel.
«Tenemos a dos reos rematados, los cabecillas de ese tipo de actos, que son García Meza y Arce Gómez, quienes se encuentran detenidos en Chonchocoro, además de un grupo de ex militares y civiles que actuaron en la época de la dictadura. La ley señala con claridad que quienes cometen delitos deben ser sancionados y condenados. Eso ya ocurrió en este caso», declaró la autoridad durante una conferencia de prensa.
La afirmación la hizo para contestar a la Coordinadora Interinstitucional contra la Impunidad, Afectados y Desaparecidos en Dictadura, que la mañana del lunes rechazó, en una conferencia, una declaración del Presidente Evo Morales, en la que aseguró que no existían archivos secretos de la dictadura que conduzcan a identificar a los culpables y el paradero de los desaparecidos, como el ex líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz.
«Las Fuerzas Armadas (FFAA) se han dado modos de evadir la orden judicial (para desclasificar los archivos) y desacatarla con el respaldo incondicional del Presidente, del ministro de Gobierno (Sacha Llorenti) y otros funcionarios», protestó entonces José Antonio Quiroga, sobrino del líder desaparecido.
Saavedra respondió ayer que los archivos clasificados podían ser revisados por las autoridades competentes, en la medida que cumplan procedimientos previos para acceder a esa información, pero repitió que ya estaban condenados los responsables de la comisión de esos delitos.
En el caso de la documentación, recordó que los fiscales investigadores habían visitado varias veces el Comando General de las FFAA, en función a requerimientos fiscales y judiciales, el 1 y 12 de febrero, el 27 y 29 de septiembre y 1 de octubre del 2010, donde «se les facilitó toda la información que fue requerida por los fiscales», como la entrega de radiogramas de la gestión 1980, documentación legalizada e informes de inteligencia y otros correspondientes a la gestión 1980, entre otros.
Por su parte, el fiscal de Recursos, Milton Mendoza, quien es parte de la Comisión que investiga los archivos militares y lleva adelante el juicio de responsabilidades al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, dijo que el reclamo de los familiares y víctimas de las dictaduras era legítimo, porque hacía ya más de 30 años que esperan el pronunciamiento del Estado boliviano y de sus instituciones sobre datos fidedignos de los desaparecidos.
Consideró que el pronunciamiento de Morales, en su criterio defendiendo a las FFAA, «fue desafortunado, porque va en contra de la lucha contra la impunidad».
«Y lo que me preocupa es que ese manto de protección a miembros de la FFAA involucre también al Alto Mando Militar del año 2003, durante la gestión de Sánchez de Lozada. Bolivia tiene una historia larga de masacres no resueltas judicialmente y no queremos que septiembre y octubre del 2003 engrose esa lista de impunidad», destacó. Por último, desmintió que existieran más archivos qué revisar por investigadores profesionales.
Hay 11 depósitos militares
La Comisión de fiscales identificó, en septiembre pasado, al menos once depósitos militares específicos en los que se encontrarían documentos sobre las personas desaparecidas, donde aún los investigadores no han podido ingresar.
