El Ministerio anticorrupción identificó a la Policía como la entidad más denunciada el 2010. Anapol y Covipol fueron un botín para oficiales de alto rango que se enriquecieron a costa de exacciones y de acaparar viviendas construidas con aportes de la tropa.
La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, concedió ayer una entrevista al programa El Pueblo es Noticia, de la red Patria Nueva, en la que detalló las acciones emprendidas para combatir la corrupción dentro de la institución encargada de velar por la seguridad y el orden interno y develó una conspiración policial para silenciarla.
En el caso de la Academia Nacional de Policías (Anapol), dijo que se pudo verificar el cobro de $us 5 mil y más a los aspirantes a policías. Para acabar con esta fuente de corrupción, el Ministerio de Gobierno emitió el 19 de noviembre una resolución por la que las pruebas de admisión 2011 serán supervisadas por los ministerios de Transparencia, Salud y Educación, además de representantes de la Defensoría del Pueblo y de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB).
Quienes entraban a la Anapol pagando una coima, «por supuesto entraban ya con la mentalidad de entrar a recuperar ese dinero, que para ellos era una inversión», dijo. Suxo, también hizo hincapié en otra fuente de corrupción: el Consejo de Vivienda Policial (Covipol).
El 25 de mayo del 2010, su cartera denunció, en el caso caratulado como «Los Olivos II», a Jairo Sanabria González, Hugo Lora Caballero, Medardo Flores Mendoza, Jesús Escalera Veizaga y los civiles Jorge Roca Simón y Fernando Suárez Da Silva, por daño económico de $us 4 millones.
Los ex directores ejecutivos y jefes administrativos de Covipol, incumpliendo el reglamento de préstamos, autorizaron el desembolso de $us 1,5 millones a la empresa constructora Jicons para la adquisición de departamentos en el Condominio Multifamiliar Olivos II, Cochabamba; sin contar con respaldos, garantías ni sustento legal para autorizar los desembolsos, puesto que sobre los departamentos pesaban gravámenes, anotaciones preventivas e hipotecas.
Por el segundo caso, «Atlantis», fueron denunciados el coronel José Vélez Daza (director ejecutivo de Covipol 1995), Juan Rivera Tavera (jefe administrativo financiero 1995) y el arquitecto Renán Miranda Valdez. En tanto que por un tercer caso llamado «Jardín I» fueron involucrados en presuntas irregularidades el coronel Francisco Cambero Villarroel y Jorge Roca Simón.
«Todos los meses, todos los policías sufren un descuento para vivienda, es un tema de bien social, pero los directores de Covipol han hecho un uso realmente arbitrario, ilegal y sobre todo dañando la economía de sus propios camaradas», dijo la ministra.
Respecto a los departamentos construidos, «en la gran mayoría se los han adjudicado los propios jefes, coroneles y teniente coroneles, esas viviendas o departamentos no les llegan al teniente o al capitán».
En la investigación, el Ministerio anticorrupción estableció que habían generales y coroneles que «tenían y tienen todavía cinco o 10 departamentos, a nombre de su hijo, sobrino, esposa y los alquilaban».
«Si un coronel o general gana Bs 6 mil, Bs 8 mil o Bs 10 mil, cómo justifica las enormes casas que tienen, las movilidades de lujo». Suxo, finalmente, hizo referencia a las presiones sobre investigadores de la Policía para que dejen de lado las pesquisas en los casos Covipol, y una presunta conspiración policial para silenciarla.
No deben manejar ni un centavo
Plan
¿Por qué hay corrupción en la Policía boliviana? Nardi Suxo, ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, respondió que es porque la entidad del orden recibe el dinero de multas, trámites, papeletas valoradas y otros, y que sólo cortando de raíz esta práctica se puede sanear a la institución.
«Nosotros hemos propuesto, y esta propuesta ha sido aceptada por el ministro (de Gobierno, Sacha) Llorenti, de que no se tenga ningún cobro directo en la Policía, que todo sea a través de un banco, desde una multa muy pequeña hasta una muy grande. Ellos deberían hacer sólo la tarea administrativa».
Fraguaban brevets al lado de Tránsito
La banda que falsificó permisos de conducir para que sean homologados en España estaba integrada por ex policías y agentes de Tránsito en funciones y su base de operaciones era una farmacia ubicada a metros del Organismo Operativo de Tránsito de Santa Cruz, reveló ayer la ministra anticorrupción, Nardi Suxo.
En una entrevista concedida al programa El Pueblo es Noticia de la red gubernamental Patria Nueva, la autoridad informó del avance de las investigaciones de este caso, asignado al fiscal paceño Edward Mollinedo.
«El doctor Mollinedo ha ido hasta Santa Cruz, ha hecho las verificaciones, se tienen imputaciones formales en contra de varios de los autores, aunque no se ha detectado a todas las personas». La detección de los brevets falsificados puso en riesgo un acuerdo bilateral entre Bolivia y España, por el que la península había aceptado homologar los permisos de conducir de los inmigrantes nacionales.
Según informó la ministra, los bolivianos estafados pagaron «montos altísimos» para obtener las licencias falsas y enviaron vía correo electrónico sus fotografías para incorporarlas a los documentos fraguados. La falsificación fue detectada porque no pudieron explicar cómo sino habían regresado a Bolivia desde hacía 5, 8 ó 10 años, contaban con brevets expedidos hace un año o dos.
