A partir del año 2013, los abogados nuevos y antiguos que no se registren en el Ministerio de Justicia no podrán ejercer la profesión, según estipula el Decreto Supremo 0100 que data de abril del 2009.
El Colegio Nacional de Abogados interpuso una demanda contenciosa administrativa en contra del citado decreto ante la Corte Suprema de Justicia, y el colegio de abogados de Sucre un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
El coordinador Nacional del registro de abogados en el Ministerio de Justicia, Édgar Pozo, descartó que el decreto tenga una finalidad política. «El único motivo que se tiene es evitar la mercantilización de la profesión de abogado y los cobros excesivos en la matriculación ante los colegios de abogados», argumentó.
Entretanto, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Edwin Rojas, dijo que el citado decreto no sólo es ilegal sino que es anticonstitucional. Añadió que el propósito que tiene la medida es acallar la voz de las instituciones colegiadas de abogados en todo el país.
«Desde la aprobación de la Constitución, de leyes que violan derechos humanos y que no respetan el sistema democrático los colegios de abogados exigimos el respeto a los derechos y considero que ésta fue la causa para que nos quiten la inscripción obligatoria».
Rojas espera que la Corte Suprema se pronuncie al respecto y no descarta acudir a organismos internacionales.
