En conferencia de prensa convocada con ese fin, García Linera se refirió al pedido de asilo que planteó Cossío al Gobierno paraguayo y a la reacción de Franco sobre el tema.
«Lamentablemente, en medio de estos trámites, algunas autoridades de la hermana República del Paraguay, específicamente el señor Vicepresidente del Paraguay, el gobernador de una de las regiones importantes y algún congresista han emitido un conjunto de declaraciones sobre Bolivia y nuestras instituciones que las calificamos de desacertadas, agresivas, incorrectas y erróneas», dijo.
De inmediato agregó que «en el marco del respeto y cariño al pueblo paraguayo, es obligación de los bolivianos y sus gobernantes rechazar de manera firme y contundente las declaraciones de cualquier funcionario extranjero que tenga que inmiscuirse en las características y cualidades de nuestras instituciones y de nuestras estructuras democráticas».
El jueves de la semana pasada, Franco abogó porque el gobernador suspendido se beneficie con el estatus de refugiado. «Esperamos que la Conare (Comisión Nacional de Refugiados) otorgue refugio a Cossío para garantizar su vida y la de su familia, que infelizmente hoy no lo tiene en su país», declaró tras recibir a Cossío en su despacho en Asunción.
García Linera negó que exista algún afán de «persecución política» de parte del gobierno de Evo Morales a Cossío, e insistió en que el proceso que sigue la justicia boliviana tiene que ver con actos de corrupción.
«No aceptamos ningún tipo de insinuación y menos de una autoridad extranjera que venga a poner en duda la calidad de nuestras instituciones democráticas», añadió.
En tres medios impresos de Paraguay contactados por La Razón explicaron que no consiguieron una versión del Gobierno de ese país. «La familia Franco se mantiene en total silencio y sus hermanos tampoco quisieron hablar», respondió el periodista Antonio López, de La Nación, al requerimiento de este medio.
El Vicepresidente boliviano sostuvo que el proceso que se le sigue a Cossío se enmarca en la Ley 2028 de 1999, que establece la suspensión de autoridades ante una acusación formal por la comisión de algún ilícito, mecanismo incorporado en la Ley de Autonomía el 2010.
El gobernador suspendido de Tarija está en Asunción desde fines de diciembre con un «refugio provisorio» concedido por la Conare, que definirá el 14 de enero su asilo definitivo o su extradición al país.
Cossío está acusado de diversos cargos de corrupción pública y fue imputado por la justicia por la pérdida de Bs 1.339 millones.
Para desvirtuar la afirmación de que el Gobierno boliviano es el que promueve el juicio a su opositor político, el Vicepresidente recordó que la denuncia la hizo, el 2009, el ex diputado Fernando Barrientos, de Podemos y ex director de Transparencia de la ex prefectura tarijeña. Agregó que Mario Uribe, hoy fiscal general del Estado, fue nombrado fiscal de distrito de Chuquisaca por Cossío cuando este último era presidente de la Cámara de Diputados el 2001.
Acusó al gobernador suspendido de huir para no asumir defensa judicial «porque está claro que perdería», ya que «las pruebas, desde nuestro punto de vista, el juez dirá lo suyo, son contundentes».
«Como Gobierno democrático y constitucional solicitamos al Gobierno de Paraguay que no conceda el asilo solicitado y que Cossío sea devuelto y regrese a Bolivia para que asuma defensa», pidió García
Por último, dijo que tal vez «sin desearlo» al proteger a Cossío, Franco y las otras autoridades que se pronunciaron «en el fondo estarían protegiendo actos de corrupción».
Cossío será un ‘visitante ilustre’
El gobernador de Central de Paraguay, Carlos Amarilla, recibirá hoy al gobernador suspendido de Tarija, Mario Cossío, y lo declarará «visitante ilustre» de ese departamento del país vecino.
El acto, según da a conocer el diario asunceño ABC, se desarrollará en el Salón de Eventos de la Unión Paraguaya de Veteranos de la Guerra del Chaco, Fernando de la Mora.
El gobernador Amarilla expresó ayer que fue testigo de la persecución a Cossío y dijo que su remoción fue «ilegal y arbitraria» ante la ausencia de sentencia judicial en su contra.
«Mario Cossío fue depuesto de manera arbitraria de su cargo de gobernador de Tarija, sólo por ser opositor al gobierno de Evo Morales, sin mediar la justicia boliviana en esto. Es claramente una persecución política», afirmó.
Hace tres días, había manifestado ver evidencias irrefutables del complot orquestado por el partido de Evo Morales para derrocarlo, dice el reporte. «A mí me consta, de primera mano, varias de esas pruebas, que confirman que todo fue diseñado para sacarlo de la Gobernación», sostuvo.
El matutino paraguayo recuerda que Amarilla ostenta el cargo de vicepresidente de la Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios (Olagi) y que Mario Cossío fue electo también como segundo mandatario de la institución.
