Felipe Robertti, representante de la Cancillería y presidente de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) del Paraguay, afirmó ayer que el posible refugio político al suspendido gobernador de Tarija, Mario Cossío, se confirmará hasta abril y estará alejado de cualquier valoración de tipo política.
«El viernes 14 (de enero) se va a hacer entrega de los documentos del caso a cada uno de los miembros de la Conare. Al mismo tiempo, se va a fijar fecha para que Cossío preste declaraciones. Tres meses es el tiempo fijado por la ley para tomar la decisión», declaró la autoridad a Erbol, desde Asunción.
Según Robertti, la resolución final, por tanto, será dictada en abril. Añadió que no se hará un juicio de valor político y que, además, Cossío presentó una solicitud de refugio, no de asilo.
«El asilo se presenta ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y es el Poder Ejecutivo el que decide porque es un caso político. Cossío solicitó refugio, que opera bajo el mando del acuerdo de la Convención de Viena, de Ginebra, amparado en la Ley General de Refugiados de Paraguay», precisó.
La Conare concedió «refugio provisorio» al ex gobernador de Tarija, quien fue suspendido de su cargo, por la Asamblea Legislativa departamental, el 15 de diciembre. Es acusado de un daño económico al Estado de 1,3 millones de bolivianos en la compra de asfalto.
El vicepresidente de Paraguay, Federico Franco, y el gobernador del Departamento Central, Carlos Amarilla, abogaron porque se proteja a la suspendida autoridad boliviana, quien, en reiteradas ocasiones, se declaró un perseguido político del Gobierno.
El vicepresidente Álvaro García cuestionó el domingo las apreciaciones de Franco y Amarilla respecto a la democracia boliviana. El vocero de Palacio de Gobierno, Iván Canelas, calificó de políticas las reacciones a favor de Cossío porque, insistió, la suspendida autoridad debe responder por juicios penales y no políticos.
