El 2010, el Gobierno de Evo Morales no ha contribuido en buscar soluciones pacíficas a los conflictos sociales y, por el contrario, actuó igual que anteriores gobiernos, con una lógica de desgaste, concluye el Defensor del Pueblo en su informe de gestión.
«La actual gestión gubernamental, como ocurría en el pasado, no ha contribuido con nuevas metodologías para la resolución pacífica de los conflictos y, por el contrario, actuó con la lógica del desgaste», señala en el documento, que ayer fue leído por el defensor del Pueblo, Rolando Villena.
La institución protectora de derechos humanos afirma que en el país «estamos lejos de construir una cultura del diálogo» y que además «no hay voluntad política para concretar el objetivo».
En su informe, el Defensor coloca como ejemplos de su afirmación los hechos sucedidos en Caranavi, el 7 y 8 de mayo pasados, donde murieron dos jóvenes en un enfrentamiento entre policías y pobladores. Menciona además el caso Uncía (Potosí), donde el 24 de mayo del 2010 fueron linchados cuatro policías en manos de indígenas vecinos de esa población.
Uniformados. El Defensor también señala que en el último año faltó el derecho a la custodia en casos particulares como el de la muerte de David Olorio en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de El Alto, con signos de tortura y maltrato físico.
La institución asevera que se ha violado el derecho a la integridad física en los casos de Guido Álvaro López Cortez, ex conscripto del Regimiento Méndez Arcos de la localidad de Challapata (Oruro) y del marinero Edwin Poma Condori, a quien los instructores del Batallón de Infantería de la Marina III Mejillones de Guayaramerín (Beni) lo agredieron físicamente.
Menciona de igual manera los casos contra la integridad física del ciudadano peruano Carlos Alberto Junco, quien murió en el penal de Chonchocoro por heridas de arma de fuego y de Mauricio Escóbar Suárez y del hijo de Rosario Ledezma García, torturados por efectivos policiales.
Por último, asegura que el Estado está incumpliendo con su obligación de garantizar el derecho a la búsqueda de la verdad y le insta a esclarecer más de 150 desapariciones forzosas en gobiernos dictatoriales, desclasificando los archivos militares.
Regionales. El representante del Defensor en El Alto también presentó su informe, en el que indica que durante la gestión 2010 atendió 4.195 casos. Revela que las cifras de violencia intrafamiliar fueron «alarmantes», ya que nueve de cada diez mujeres, niñas y adolescentes, sufren algún tipo de violencia.
Por su parte, Edwin Claros, Defensor del Pueblo de Cochabamba, dijo que los derechos más vulnerados fueron la integridad física y el derecho al trabajo y que las alcaldías, el Servicio Departamental de Educación, el Servicio Departamental de Salud y la Caja Nacional de Salud fueron las entidades más denunciadas.
